El 1 de abril de 1829, el salón de los diputados lucía nueva sillería de bálsamo, una bella alfombra y la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. El esplendor era aparente. El Palacio Nacional se hallaba en ruinas y había dudas acerca de la seguridad que podía brindar a la concurrida asistencia que se esperaba por la tarde. La ciudad permanecía agitada, como había estado prácticamente desde finales de 1828, cuando el amotinamiento en la Ciudadela había ocasionado enfrentamientos y concluido con el saqueo de las tiendas del Parián al grito de “¡Vivan Guerrero y Lobato / y viva lo que arrebato!”. Sin embargo, la agitación tenía un tono diferente, festivo. La gente proveniente de los barrios se adueñaba de las calles bien trazadas de la ciudad de México. La muchedumbre intentaba entrar en los salones parlamentarios, ocasionando la desazón de los diputados y de los “hombres de bien” que, por su investidura y posición, debían estar presentes en la ceremonia de esa tarde. Las tropas presentes en la Plaza de la Constitución apenas podían contener a los espectadores. Se hallaban deseosos de ver cómo “uno de ellos” –según la despectiva opinión del viejo insurgente Carlos María de Bustamante– se encumbraba a la más alta posición del gobierno de la república. Un pequeño contingente provenía del Sur del Estado de México, aquella tierra de accidentada geografía, de donde era originario el general Vicente Guerrero, protagonista de la jornada.

Nació en agosto de 1792 en Tixtla, cuando las autoridades españolas aún podían condenar los excesos cometidos por los revolucionarios franceses. Unos cuantos años después, la monarquía española se veía obligada a firmar una alianza con el gobierno republicano francés. Daba inicio un proceso de erosión de la legitimidad de la corona, acompañado de cada vez mayores exigencias fiscales. Los habitantes del Sur de Nueva España resentirían las presiones impositivas. En la heterogénea sociedad de la región abundaban los descendientes de africanos (como el mismo Guerrero), castas que carecían de privilegios. Excluidos de los oficios que requerían “limpieza de sangre”, pagaban diezmos y otros impuestos de los que los indígenas se hallaban exentos, aunque como ellos estaban obligados al tributo. Tampoco podían organizar gobiernos locales como sucedía con las repúblicas de indios ni tenían tribunales especiales. La baja densidad demográfica y casi nula presencia de las instituciones virreinales en la región representaba ventajas para quienes querían prosperar. Algunos terratenientes así como transportistas de mercancías, los célebres arrieros, escapaban de la pobreza gracias a sus esfuerzos en medio de un orden jurídico y político que nos los protegía.

El joven arriero Vicente Guerrero formaba parte de ese grupo que debía su posición al trabajo propio y no a las generosas gracias que la corona otorgaba a mineros, comerciantes y otros sectores de Nueva España. De tal forma había conseguido unos cuantos, pero importantes, privilegios, como el de portar armas e incluso integrar las milicias locales, en las que también se encontraban terratenientes como Leonardo Bravo y Hermenegildo Galeana. El tráfico de mercancías entre Acapulco, Cuernavaca, México y Puebla dio a Guerrero una vida llena de dificultades, aventuras, conocimientos y experiencias que completaron la escasa educación que había recibido en su infancia. Por eso, cuando llegó a la presidencia, sus enemigos lo tacharon de ignorante y sandio, mero instrumento de políticos inteligentes, perversos y manipuladores. Lo más grave es que sus propios compañeros de partido, amigos y aliados tenían una opinión semejante. Zavala aseguraba que “Guerrero es un mexicano que nada debe al arte y todo a la naturaleza”. En todo caso, eran las opiniones de políticos criollos. Vicente Guerrero nunca fue un hombre culto, pero sí muy inteligente, como debía serlo quien quisiera destacar en aquella sociedad, en especial si se provenía de orígenes que no le eran favorables.

Al tomar posesión de la presidencia de la república mexicana en 1829, Vicente Guerrero pronunció un breve discurso en el que recordó sus “servicios a la causa santa de la independencia y libertad.” En efecto, pocos podían presumir una trayectoria tan constante como la del nuevo presidente al servicio de la construcción de la nación: ni el presidente que salía, Guadalupe Victoria (quien había dejado las armas para ocultarse de las tropas virreinales), ni su antiguo compañero Nicolás Bravo (que aceptó el indulto), mucho menos el presidente que había sido electo por las legislaturas estatales, Manuel Gómez Pedraza, quien dejó en 1821 las banderas del rey de España por la de las Tres Garantías. Don Vicente, en cambio, fue un decidido promotor de la independencia desde que tuvo noticias de que en la Tierra Caliente un cura michoacano se disponía a conquistar Acapulco. Si bien es verdad que en un inicio las milicias de la región, encabezadas por Galeana, se disponían a combatir a los rebeldes, muy pronto fueron convencidos de las razones que impulsaron a José María Morelos a seguir el partido de Miguel Hidalgo. A finales de 1810, una proclama del caudillo insurgente había llamado la atención sobre la posibilidad de que los franceses, a los que se había entregado la corona española, invadieran los territorios americanos. Para evitarlo, proponía una serie de medidas de índole militar, pero también algunas otras que, sin duda, resultaban atractivas para los surianos. Para empezar, proscribía los tributos y otra clase de gabelas, y prohibía que saliera más plata y riquezas del reino, mientras no fuera por legítimo comercio, con lo que “dentro de poco, todos seremos ricos”.

Un elemento que con seguridad convenció a Guerrero de unirse a la insurgencia fue la promesa de que quedarían suprimidas las diferencias legales por origen racial. Bajo el orden español las posibilidades de que un joven ambicioso como él pudiera destacar eran escasas, debido a que no era español ni indígena sino una casta que tenía ancestros africanos. Si bien algunos pensadores ilustrados como el obispo de Michoacán Antonio de San Miguel habían propuesto que se suprimiera la “odiosa” distinción racial y que de esa manera se dieran los mismos derechos y obligaciones a todos los súbditos del rey, las autoridades españolas no fueron capaces de llevar a cabo esa medida. Ni las liberales Cortes Constituyentes, reunidas en Cádiz en 1810, se atrevieron a dar ese paso. Para los autores de la Constitución de 1812 todos los descendientes de españoles y aun de indígenas serían ciudadanos, pero esa calidad se negó a quienes “traían su origen del África”.

El conocimiento de los caminos y de las ocultas veredas en plena serranía dio a Guerrero un arma que los principales caudillos de la insurgencia no desaprovecharon. Se unió a las tropas de Morelos en el ataque a Tixtla del 26 de mayo de 1811. Durante ese año se mantuvo bajo las órdenes de Galeana y muy pronto se distinguió no sólo por su efectividad en el combate sino por su radicalismo político. Al comenzar 1812, combatió bajo el mandato de Mariano Matamoros en Izúcar, en donde tuvo un destacado papel en la derrota de Ciriaco del Llano. Estuvo presente en la ocupación de Oaxaca y en las campañas que desde esa ciudad emprendió Matamoros. Su destacada actuación le valió ser nombrado comandante de Ometepec el 14 de marzo de 1813, aunque con el encargo de proteger la región desde Tixtla y Chilpancingo. Fue entonces cuando contrajo matrimonio con María Guadalupe Hernández, con quien procreó a Dolores. Este episodio de la vida de Guerrero ha llamado poco la atención de los historiadores, pero merece la pena destacarse, pues da cuenta de que el movimiento insurgente no sólo se dedicó a enfrentar a los ejércitos virreinales sino que tuvo capacidad para organizar departamentos al frente de los cuales quedaron destacados militares, como Guerrero.

Esta organización, que incluía las funciones de gobierno, la administración de la hacienda nacional e incluso la espiritual, amén de la propiamente militar, coincidió en el Sur con la convocatoria y reunión del Congreso de Anáhuac en Chilpancingo. Por desgracia, el momento de mayor creatividad política de los insurgentes coincidió con la reorganización de las fuerzas virreinales, apoyadas por tropas expedicionarias recién llegadas de la metrópoli y que pronto estarían desembarazadas de las leyes liberales y de la Constitución de Cádiz, derogadas por Fernando VII en 1814. El 23 de diciembre de 1813 Ciriaco del Llano y Agustín de Iturbide derrotaron a Morelos frente a Valladolid. Un día después, hicieron lo mismo con los hombres encabezados por Vicente Guerrero y José María Sánchez de la Vega.

Las derrotas sufridas por Morelos, que condujeron a su captura y fusilamiento, comprometieron a Guerrero con la resistencia y con el sostenimiento de las instituciones que se habían dado los insurgentes. A diferencia de otros dirigentes, como Manuel de Mier y Terán o el mismo José María Cos, Vicente Guerrero procuró dar continuidad a los órganos de gobierno que permanecieron después de la disolución del Congreso de Anáhuac. Si bien la representatividad de los vocales de la Junta Subalterna o de las que le siguieron era muy cuestionable, resulta de interés que el “rústico” guerrillero suriano comprendiera la importancia de tener un respaldo que diera legalidad y legitimidad a sus actividades. Así, protegió a los integrantes de la Junta de Jaujilla y en octubre de 1818 consiguió reunir a los vocales de las diversas juntas, que se encontraban dispersos, para constituir un nuevo órgano: el Supremo Gobierno Republicano, también conocido como Junta del Balsas, por ser el lugar en donde se reunió.

Guerrero tenía bajo su mando a más de un millar de hombres; otros jefes insurgentes también estaban a sus órdenes, como Pedro Ascencio o el estadounidense John Davis Bradburn, quien llegó en 1817 con Xavier Mina y después se convirtió en un tenaz guerrillero. Sin minimizar la faceta militar de las campañas de Guerrero durante los poco conocidos años de 1815-1820, debe decirse que la guerrilla que encabezó estaba destinada a no triunfar nunca. Si bien tuvo algunas destacadas victorias frente a las tropas virreinales que lo acosaban, estaba claro que actuaba más a la defensiva que bajo un plan de ataque bien estructurado. Pese a haber sido derrotado en Agua Zarca el 5 de noviembre de 1819, rechazó ante su propio padre el indulto ofrecido por el virrey conde del Venadito. Las únicas salidas para la carrera de Guerrero eran la muerte o conseguir la independencia de la América Mexicana, aunque sabía que no podría llevar a cabo esta tarea solo, de modo que estuvo dispuesto a ponerse a las órdenes de cualquier americano que tuviera más posibilidades de éxito. El historiador Ernesto Lemoine se percató de lo anterior al verificar que hubo correspondencia entre el guerrillero suriano y los jefes del ejército virreinal encargados de combatirlo. Por supuesto, las insinuaciones hechas por Guerrero no fueron respondidas favorablemente, hasta que Gabriel de Armijo fue sustituido por otro comandante, el michoacano Agustín de Iturbide, quien venía elaborando un plan para conseguir la independencia. Antes de seguir adelante, debo aclarar que lo anterior no quiere decir de forma alguna que Guerrero fuera el principal protagonista o autor del proceso que, en pocos meses, condujo a la independencia mexicana. No hay duda de que fue Iturbide el principal responsable del Plan de Independencia, aunque lo había consultado con varios amigos y personajes notables del virreinato. Sólo quiero señalar que Guerrero se encontraba en disposición de encontrar salidas negociadas al conflicto que durante más de una década consumía a la sociedad de Nueva España.

A finales de 1820, empezó la correspondencia entre los dos caudillos. Iturbide ofreció en principio el indulto que, como era de esperarse, fue rechazado. Al comenzar 1821, Guerrero ocupó Sapotepec, ocasionando bajas importantes en la compañía de granaderos que resistía en la población. Esto era una prueba dada a Iturbide de que no estaba dispuesto a entregar las armas si no era con la condición de hacer independiente al país. El 10 de enero, el comandante virreinal volvió a enviarle una misiva. Recordaba que una rebelión militar en España había restablecido el liberalismo y la Constitución de Cádiz, de modo que se hicieron elecciones para enviar diputados, los que sin duda exigirían igualdad y autogobierno para los americanos. Guerrero recordó entonces que la Constitución de Cádiz podía ser muy liberal pero otorgaba más diputados a España que a Hispanoamérica, pese a que ésta contaba con mayor población que la metrópoli. El liberalismo español negaba la igualdad a los americanos y, en especial, a quienes –como el propio Guerrero– eran afrodescendientes.

Al comenzar febrero, Agustín de Iturbide envió una nueva invitación a Vicente Guerrero para que se le uniera en un plan que pretendía mantener al rey, pero separaba a la América Septentrional de España, establecería un gobierno representativo propio, prometía una Constitución, y declaraba la igualdad para que “todos los hijos del país, sin distinción alguna, entren en el goce de [los derechos de] ciudadanos”. Al parecer, esto convenció al guerrillero. El 18 de febrero Iturbide escribió al virrey desde la hacienda de Mazatlán que Guerrero se había puesto a sus órdenes con mil doscientos hombres armados y con la única condición de que no se tuvieran por indultados. Seis días después, en Iguala, proclamó el Plan de Independencia. No he encontrado documento alguno que sostenga la veracidad del Abrazo de Acatempan. En marzo, los dos caudillos se encontraron en Teloloapan. Tal vez hubo abrazo, pero no fue –como quiere la tradición– la unión de dos ejércitos, el virreinal y el insurgente, que se fundieron en el de las Tres Garantías para hacer la independencia, pues Vicente Guerrero aceptó que para conseguir su objetivo debía subordinarse al jefe del Ejército Trigarante.

La insurgencia que comenzó en 1810 ha llamado más la atención de los historiadores que los sucesos de 1821, de modo que sabemos poco de cómo México se convirtió en un país independiente. Las discusiones casi siempre se han centrado en el protagonismo de Iturbide, a quien algunos autores consideran el gran héroe mexicano, atribuyéndole grandes dotes de estadista y una visión preclara. Por el contrario, otros lo han descrito como un individuo menor, ambicioso y corrupto, que estuvo en el momento adecuado para aprovecharlo. Los partidarios de esta versión fueron los responsables de negar la importancia de Iturbide, de quitar su nombre del salón de sesiones del Congreso y, para llenar el vacío ocasionado por su destierro de la historia patria, de engrandecer el papel de Guerrero en los acuerdos y campañas de 1821. Tengo para mí que ambas posiciones sobre el tema pecan de tendenciosas. Iturbide no fue el genio ni el nuevo Moisés que los poetas y predicadores describieron cuando México se convirtió, finalmente, en una nación soberana, aunque no puede negarse que tuvo la capacidad de unificar los intereses de diversos grupos para conseguir un objetivo común, la independencia, algo que los insurgentes nunca consiguieron. Por otro lado, el mismo Guerrero nunca se atribuyó un papel protagónico en este proceso y –a decir verdad– tampoco lo había buscado antes. Pese a ser un individuo carismático, prefirió dejar a otros el mando supremo: Galeana, Matamoros, Morelos. Incluso en el difícil periodo de resistencia intentó construir una autoridad, un gobierno al que al menos estuviera subordinado nominalmente. En 1821 no actuó de manera diferente. Sabía que alguien como Iturbide tenía más posibilidades de triunfo que un guerrillero con un puñado de hombres.

Si bien es verdad que el movimiento trigarante fue más sangriento de lo que sus protagonistas quisieron admitir, el Sur de Nueva España no fue un campo de batalla importante, salvo en las primeras semanas. Guerrero hizo de la región una de las más decididas partidarias de la independencia, aunque Acapulco siguió en manos de España, incluso después de la entrada triunfal de Iturbide en la ciudad de México, en septiembre de 1821. Fue necesario el envío de tropas del gobierno mexicano para que los defensores españoles del fuerte de San Diego aceptaran entregar la plaza y salir del que ya por entonces se llamaba imperio mexicano.

No deja de causar extrañeza a los panegiristas de Guerrero que, pese a haber ofrecido sus servicios al Congreso de Anáhuac y haber formado un órgano de gobierno que se hacía llamar republicano, en 1821 aceptara colaborar en un proyecto que pretendía establecer una monarquía constitucional. Años después, nuevamente sería defensor del orden republicano, en una de sus versiones más radicales, la que encabezaba el Partido Popular. Algunos historiadores han afirmado que, en el momento de mayor crisis para la insurgencia, la alternativa imperial tenía aparejada la independencia por la que tanto había luchado Guerrero. Este aserto sugiere, aunque no lo haga explícito, que en el fondo Guerrero seguiría siendo republicano y que sólo esperaba un momento propicio para llevar a cabo sus verdaderos planes, como en efecto sucedió a comienzos de 1823. Sin embargo, esta explicación no deja de parecer un tanto ingenua. Debe recordarse que el Plan de Independencia de 1821 llamaba para ocupar el trono mexicano a Fernando VII, el tirano al que tanto combatió Guerrero. Ni en Iguala ni en Córdoba se rompían los lazos con España, sólo se desataban los nudos, para emplear la metáfora del propio Iturbide. Además, se ofrecía una monarquía constitucional (“moderada” como se decía por entonces) cuando la monarquía española (que incluía a Nueva España) era constitucional. El colmo era que la misma Constitución que regía en la metrópoli permanecería vigente en el imperio mexicano.

Podría afirmarse que Guerrero terminó traicionando su trayectoria al aceptar una salida que no perjudicara su reputación. Según Iturbide, el caudillo insurgente aceptó unirse a las tropas que mandaba con la condición de que no se le tuviera por indultado. Sin embargo, permítaseme ensayar una explicación más. Cuando Guerrero se unió a la insurgencia, diez años antes, lo hizo con la convicción de que la independencia conseguiría acabar con la salida de las riquezas hacia una metrópoli devoradora de los recursos de sus colonias; permitiría el autogobierno en los pueblos y ciudades, pues serían los naturales los que ocuparan los cargos públicos, y aboliría las distinciones legales de castas, dando a todos los americanos los mismos derechos, obligaciones y oportunidades. Como el mismo Guerrero reconoció, el constitucionalismo español hacía las mismas promesas, pero no las cumplió: no dio igualdad a los americanos y discriminó a los afrodescendientes. Además, las autoridades virreinales aplicaron la Constitución de manera discrecional, con lo que suprimieron derechos importantes como la libertad de prensa, amén de negar el de autogobierno, como lo prueban los retrasos en el establecimiento de algunas de las diputaciones provinciales o la suspensión de procesos electorales. El Plan de Independencia proclamado en Iguala ofrecía lo que Guerrero buscaba, aunque implicara que el poder ejecutivo fuera ocupado por un príncipe. El caudillo insurgente no era un Montesquieu ni un hombre de lecturas, pero tal vez hubiera estado de acuerdo con el ilustrado francés cuando afirmaba que había repúblicas que podían tener ropas monárquicas, como ejemplificaba Gran Bretaña.

Vicente Guerrero fue el único insurgente que estuvo en el primer cuadro del gobierno del imperio mexicano. Fue designado comandante general del Sur, con lo que mantuvo el mando de tropas y las bases sociales que habían hecho de él una figura de primer orden. Quedaban bajo su jurisdicción los distritos de Tlapa, Chilapa, Tixtla, Ajuchitán, Ometepec, Jamiltepec y Teposcolula. Al parecer, en octubre de 1821 se enfrentó con un grupo de generales y tropas que intentaron dar la corona a Iturbide, pues con ello se violentaría el Plan de Iguala. No participó en las conspiraciones republicanas que empezaron a fraguarse desde noviembre de 1821. Si Josefa Ortiz de Domínguez, Juan Bautista Morales y Guadalupe Victoria conjuraron contra Iturbide por la manera en que pensaba convocar al Congreso Constituyente (con representantes de corporaciones y clases, en vez de que lo fueran de los ciudadanos), Guerrero se mantuvo leal al presidente de la regencia. Resultaba más importante que se reuniera un Congreso que su composición. Tampoco participó con el antiguo insurgente Juan Pablo Anaya, quien hizo campaña a favor de la república y trataba de convencer al mariscal Pedro Celestino Negrete y al comandante de Guadalajara Francisco Parrés. Las locuras de Servando Teresa de Mier le resultaban muy ajenas, de modo que no participó en las conspiraciones en las que Miguel Santa María organizó una red para derrocar al emperador. Guerrero felicitó a Iturbide cuando las tropas y el propio Congreso lo proclamaron emperador y formó parte de la orden de Guadalupe.

A mediados de 1822, los servicios de inteligencia del imperio descubrieron una red de conspiraciones de tipo republicano. Entre los participantes, se hallaban varios diputados del Constituyente. Cuando ordenó el arresto de más de sesenta personas, el Congreso exigió que se respetara a sus integrantes. Según la Constitución de Cádiz, que seguía vigente, los diputados sólo podían ser juzgados por la misma asamblea, pero Iturbide se negó a entregarlos con el argumento de que debía preparar los procesos. Algunas personas que no estuvieron comprometidas en la conjura también fueron apresadas, como sucedió con Carlos María de Bustamante. Muy pronto, las autoridades imperiales empezaron a sospechar de muchos antiguos insurgentes, en particular de los que habían sido cercanos a Morelos y al Congreso de Anáhuac. Domingo Luaces, comandante en Veracruz, advirtió al emperador que en los pueblos había rumores sobre una rebelión para instituir un gobierno republicano, que sería encabezada por Vicente Guerrero y los diputados Isidro Yáñez y Juan Orbegoso. Miguel Torres, desde Valladolid, aseguraba que se debía desconfiar de gente como Gordiano Guzmán y Vicente Guerrero, “por sus relajadas costumbres, ineptitud e incapacidad”. Nicolás Bravo, quien formaba parte del Consejo de Estado, pudo percatarse de la desconfianza que ocasionaba en medio de tantos funcionarios que habían pasado del virreinato al imperio. Cuando al comenzar diciembre de 1822, Antonio López de Santa Anna se pronunció con Guadalupe Victoria en Veracruz a favor de la república, Guerrero y Bravo supieron que pronto serían perseguidos.

Durante los primeros días de la rebelión en Veracruz, Guerrero y sus subordinados manifestaron su lealtad al emperador. José Figueroa, comandante de Chilapa, se aprestó a preparar sus tropas en contra “del mal”, es decir, del republicanismo. Sin embargo, Iturbide ordenó al secretario de Guerra, Manuel de la Sota Riva, que vigilara los movimientos de Guerrero. Temeroso de lo que pudiera ocurrir, don Vicente solicitó permiso para trasladarse a su comandancia, con el fin de prevenir movimientos subversivos. José Manuel de Herrera, secretario de Relaciones Exteriores e Interiores, convenció a Iturbide de no conceder la autorización, con el pretexto de que la presencia de Guerrero era más importante en la corte, al lado del emperador.

Nicolás Bravo decidió buscar la ayuda de Petra Teruel, esposa del regidor Antonio Velasco y perteneciente a una familia acomodada, que antes había colaborado con los insurgentes. En su momento, ayudó a que Leona Vicario escapara de la ciudad de México para reunirse con su novio Andrés Quintana Roo y, tras la independencia, también auxilió a Guadalupe Victoria para huir de la capital cuando fue descubierta su participación en una conjura republicana. Doña Petra empeñó sus alhajas para proporcionar algunos recursos a Guerrero y a Bravo. Con ese dinero, don Vicente fue a buscar a los jóvenes hermanos Soto Mayor, para organizar la fuga. La mayor, Micaela, tenía veinte años y – según declaró en el proceso que se le abrió – admiraba profundamente al antiguo caudillo insurgente. Los jóvenes se reunieron en el canal de la Viga con Guerrero y Bravo el sábado 5 de enero de 1823 a las tres de la tarde. De allí salieron a Santa Anita, como si fueran de día de campo. Abordaron una canoa rumbo a Iztacalco y luego siguieron a Mexicalcingo, en donde compraron aguardiente, velas, pan, queso y puros. Al parecer también compraron la voluntad de algunos oficiales que, aunque después denunciarían a los Soto Mayor, en ese momento dejaron pasar a la singular caravana. Alrededor de las tres de la mañana, en Ayotzingo, encontraron al capitán Antonio del Río, al coronel Ignacio Pita y a dos mozos, quienes sacaron a Bravo y a Guerrero del valle mexicano y les abrieron camino al Sur.

Al momento de escapar, Guerrero envió a un “hombre alto, moreno y de botas de campaña” rumbo a Veracruz para ponerse en contacto con Santa Anna y Victoria. Otros de sus hombres, como el teniente coronel Antonio Castro, movilizaron a sus tropas con el pretexto de perseguir rebeldes pero con la consigna oculta de unirse a Guerrero y a Bravo, con quienes se unieron en la madrugada del 9 de enero de 1823 luego de pasar en balsas el Mezcala. En Tlancingo, don Vicente se comprometió públicamente con el pronunciamiento de Veracruz. El 11 de enero, las tropas rebeldes entraron en Chilapa. Dos días después publicaron un manifiesto, en el cual se declaraban “libres e independientes del gobierno de D. Agustín de Iturbide” y exigían “la restitución de los derechos de la nación mexicana”. Declararon que no les importaba si se establecía una república o se mantenía una monarquía constitucional, sólo querían que los derechos de los ciudadanos se respetaran y el restablecimiento de los diputados en el Congreso. Para prevenir adhesiones, Sota Riva ordenó a Juan Álvarez que se mantuviera acuartelado en Ixtapaluca. De inmediato, el viejo comandante virreinal Gabriel Armijo salió rumbo al Sur. Bravo y Guerrero se fortificaron en Almolonga, el primero arriba y el segundo en las trincheras. La descarga de los imperiales el 25 de enero por la mañana fue tan intensa, que los defensores de abajo se dispersaron. Guerrero fue herido de gravedad y hubiera muerto de no ser porque uno de sus hombres lo subió a su caballo, para esconderlo en una barranca cercana. Fue curado de sus heridas en la choza de un indio, aunque los rumores de su muerte se extendieron. Bravo huyó por Tlapa hacia Putla, Oaxaca.

Sin haberse recuperado de sus heridas, Guerrero marchó a Teposcolula, en donde convenció al subdelegado Mariano González de unirse a su causa. El 28 de enero, publicó un manifiesto en el que aseguraba – sin fundamentos – que Acapulco había “dado el grito de libertad”. Es verdad que en ese momento parecía que el destino de los dos viejos insurgentes surianos era andar a salto de mata, pero las autoridades imperiales sabían que desde los Llanos de Apan, la Mixteca y en especial en la Tierra Caliente había mucha gente “adicta” a Guerrero. Poco a poco, varios lugares se adhirieron a los rebeldes. Chuautla, Ayotla y Tlaxcala, primero; luego siguió Cuautla. Desde la hacienda de Bravo, Chichihualco, Guerrero coordinaba varios grupos de rebeldes.

Cuando los encargados de perseguir a Santa Anna decidieron pronunciarse para tener un nuevo Congreso, el imperio cayó. Bravo consiguió ocupar Oaxaca y Guerrero fue saludado como uno de los héroes republicanos. Los diputados presos fueron liberados y pronto se reunió una asamblea que el 30 de marzo decidió entregar el gobierno a un triunvirato integrado por Nicolás Bravo, Pedro Celestino Negrete y Guadalupe Victoria, y como suplentes a Mariano Michelena, Miguel Domínguez y Vicente Guerrero.

La caída del imperio generó un desorden tal que, he llegado a pensar que durante algunos meses de 1823 no hubo México. Varias provincias, recelosas de su soberanía, se negaban a obedecer al gobierno establecido en la antigua capital virreinal. La inseguridad en los caminos resultaba escandalosa y no faltaron partidas armadas que buscaron sacar provecho de la caótica situación. Dado que Iturbide había acusado a los españoles de estar detrás de la rebelión republicana de Santa Anna, se había reavivado la hispanofobia de la época de la guerra. Un sanguinario insurgente, Vicente Gómez, el capador, prometió acabar con los gachupines. El bandido Loreto Cataño se dirigió a Cuernavaca con la misma consigna. Se decían partidarios del depuesto emperador y estaban en contacto con Antonio de Narváez y Manuel Reyes Veramendi, quienes conspiraban para traer de regreso a Iturbide. El 8 de diciembre, Guerrero fue comisionado para ir a Cuernavaca y Cuautla. Su sola presencia ahuyentó a los rebeldes. Luego, junto a Gómez Pedraza, se dirigió a Puebla, en donde las autoridades locales erigieron un congreso y nombraron un poder ejecutivo del estado. En este caso nada pudieron hacer, pues la marcha de las provincias para constituirse en estados libres era ya irreversible. Los iturbidistas aprovecharon las demandas de los estados para establecer la federación en sus afanes en contra de los españoles y del gobierno. En enero de 1824, por instigación de Reyes Veramendi, José María Lobato se pronunció en la ciudad de México para expulsar a los gachupines. Bravo, Gómez Pedraza y Guerrero se dirigieron a toda prisa a la capital para sofocar la rebelión.

La participación de estos militares fue decisiva para que el precario gobierno de la república se mantuviera y permitiera al Congreso elaborar la Constitución que garantizó la unidad nacional en octubre de 1824. No resulta extraño que don Vicente fuera enormemente popular. Numerosos políticos radicales se acercaron a él para obtener apoyo y viabilidad en sus proyectos. Comprendieron que Guerrero compartía muchas de sus propuestas. A mediados de 1825, el senador tabasqueño José María Alpuche, el secretario de Hacienda Ignacio Esteva, Miguel Ramos Arizpe, oficial mayor de Justicia y Negocios Eclesiásticos, el coronel Ignacio Mejía y el senador yucateco Lorenzo de Zavala, promovieron el establecimiento del rito masónico yorquino. El ministro estadounidense Joel Poinsett colaboró con ellos para conseguir la patente de la Gran Logia de Nueva York. Los yorquinos aprovecharon las logias para impulsar los principios del Partido Popular, como lo llamó Zavala: participación popular, fortalecimiento del federalismo, abolición de los privilegios corporativos, y la protección a la producción manufacturera e industrial nacionales. Muy rápido convencieron a Vicente Guerrero de integrarse, y adquirió mucha influencia en las decisiones tomadas por las logias, aunque ocasionalmente fue atacado por yorquinos más radicales que exigían la expulsión inmediata de los españoles.

La influencia de las logias fue criticada en distintos medios. En 1827, el comandante Manuel Montaño se rebeló en Otumba, con la exigencia de desaparecer las sociedades secretas, expulsar a Poinsett y hacer cumplir la Constitución. Paradójicamente, Nicolás Bravo, el gran maestro de las logias del rito escocés y vicepresidente de la república, se unió a los rebeldes. El presidente Guadalupe Victoria envió a Vicente Guerrero a combatirlos; los derrotó con facilidad en Tulancingo, el 7 de enero de 1828. Este triunfo, la influencia que había adquirido en las logias yorquinas y la popularidad en el ejército, parecían franquearle el camino a la presidencia en las elecciones de ese año. Ya en 1826 los yorquinos habían arrasado en el proceso electoral para renovar la cámara de diputados, en sus manos estaba un importante número de ayuntamientos y algunos estados poderosos, como el de México, estaban dirigidos por prominentes integrantes del rito. Lamentablemente, el radicalismo que estaba tomando el Partido Popular ocasionó una escisión. Los más destacados federalistas, encabezados por Ramos Arizpe, postularon a Manuel Gómez Pedraza para la presidencia. Con el nombre de “imparciales”, aseguraron estar alejados de la contienda de los partidos. De inmediato, organizaron a los congresos estatales, que según la Constitución eran los encargados de emitir dos votos cada uno para elegir al presidente y al vicepresidente. Por su parte, los yorquinos instruyeron a través de las logias a los ayuntamientos para que presionaran a sus legislaturas estatales para votar por Guerrero, quien ya era gran maestro de la logia nacional mexicana. La cerrada contienda dio el triunfo a Pedraza y fue entonces cuando ocurrió uno de los acontecimientos más lamentables tanto para la vida de Guerrero como para la de la joven república: la fractura de la legalidad.

El 3 de septiembre de 1828, el ayuntamiento de Xalapa desconoció la autoridad del Congreso de Veracruz, por haber votado a favor de Gómez Pedraza, con lo que había ignorado las manifestaciones de los pueblos y villas. Poco después, Santa Anna se unió al pronunciamiento. Al principio la rebelión de Santa Anna no tuvo mucho éxito, pero poco a poco otros sectores del ejército se unirían a la demanda de hacer presidente a Guerrero. El 30 de noviembre, en la capital, el coronel Santiago García, un antiguo insurgente, y el marqués de la Cadena, el viejo iturbidista, promovieron una asonada. Pronto se puso al frente Lorenzo de Zavala, junto con Lucas Balderas y José María Lobato. Menos de cuatro años antes, cuando Lobato se había amotinado en la Ciudadela para pedir la expulsión de españoles, Guerrero se encargó de combatirlo. En esta ocasión actuaría de modo diferente. Luego de tres días de hostilidades, Guerrero salió a Tlalpan, mientras que el 3 de diciembre, Gómez Pedraza huyó casi clandestinamente a Guadalajara, donde contaba con el apoyo del gobernador José Justo Corro. El 4 de diciembre, Zavala y Lobato promovieron un tumulto popular que concluyó con el saqueo del Parián, del mismo palacio de gobierno y de portales vecinos; además, Zavala ordenó el fusilamiento de varios pedracistas. Para calmar los ánimos, el día 8, Guadalupe Victoria nombró a Guerrero secretario de Guerra.

Desde Jalisco, Corro se preparó para defender la elección de Pedraza. Vicente Filosola se trasladó a Puebla, en donde Melchor Múzquiz se aprestaba para combatir a los rebeldes. El gobernador de Guanajuato, Carlos Montes de Oca, impulsó una alianza con Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas para oponerse a Santa Anna y a Zavala. La legalidad estaba del lado de los gobernadores, quienes estaban dispuestos a defender el orden constitucional. Guerrero, aprovechando su popularidad entre las milicias y el trabajo de las logias volantes, de la cual muchos de esos cuerpos armados formaban parte, consiguió impedir que las tropas estatales se dirigieran a la ciudad de México. Las milicas de Guanajuato se amotinaron contra su comandante Luis Cortázar, igual que hicieron las poblanas con Múzquiz. En Colima varios grupos armados se organizaron en los ayuntamientos para defender a Guerrero, pues afirmaban que “los pueblos” lo querían como presidente. En enero, en una medida que excedía y violentaba sus atribuciones constitucionales, el Congreso entregó la presidencia a Vicente Guerrero, mientras que la vicepresidencia la otorgó a otro prominente general yorkino, Anastasio Bustamante, promovido por José María Tornel.

El 1 de abril de 1829, el nuevo presidente reconoció la importancia de los ayuntamientos y de las milicias cuando aseguró que “el interés de las localidades es el más adecuado para asegurar el interés de los individuos”. Sabedor de que muchos artesanos de la ciudad de México y de otras ciudades lo habían apoyado, promovió la prohibición de numerosas importaciones. Esta medida, muy popular, quitó al gobierno federal una importante fuente de ingresos, por lo que se entregó a agiotistas, como José Manuel Zozaya. José María Bocanegra ocupó la Secretaría de Relaciones Exteriores e Interiores, Francisco Moctezuma la de Guerra en diciembre de 1828, Zavala la de Hacienda y José Manuel de Herrera, quien había sido tan cercano a Iturbide en los tiempos de la persecución de Guerrero, llegó a la de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Muy pronto empezaron los conflictos. Bocanegra y otros yorquinos conspiraron en contra de Zavala y de Poinsett, cuya expulsión finalmente lograron, pese al aprecio que el presidente le tenía.

La administración de Guerrero estuvo marcada por el intento de reconquista español. Desde comienzos de ese año, los enviados secretos en La Habana de Felipe Codallos, comandante de Yucatán, advertían que se armaban dos expediciones, una hacia Tampico y otra sobre Mérida o Campeche. También se había confiscado correspondencia dirigida a varios conspiradores que se hallaban en México para colaborar en el desembarco de las tropas expedicionarias. En junio, Feliciano Montenegro, quien actuaba como agente especial de México en Nueva Orleáns, informó la posible fecha de la expedición, el 17 de octubre, el número de efectivos que participarían y las armas que llevarían. Montenegro urgía la defensa de las costas mexicanas y recomendaba una expedición sobre Cuba, pues “la mejor defensa es el ataque”. El 2 de agosto, el presidente publicó una proclama en la que informaba de la expedición de Isidro Barradas y las medidas del gobierno para enfrentarla. Se formarían cinco secciones del ejército, al mando de Santa Anna, Felipe de la Garza, José Joaquín de Herrera, José Antonio Valdivieso y José Antonio Velázquez. En caso necesario, se llamaría a los ciudadanos a tomar las armas en defensa de la patria.

La expedición española fue derrotada en Tampico por Santa Anna y el general Manuel de Mier y Terán, quien no simpatizaba con Guerrero. No obstante, el gobierno seguía recibiendo alertas. El presidente aprovechó la celebración del 16 de septiembre para decretar la abolición de la esclavitud. En México había muy pocos esclavos, salvo en Texas, en donde se permitió la permanencia de esa oprobiosa tradición, de modo que esa medida no sólo se correspondía con los sentimientos de Vicente Guerrero sino que era una advertencia a los grandes propietarios españoles de Cuba. La unidad nacional en torno al presidente se diluyó rápidamente. Desde el 25 de agosto, por escaso margen, los legisladores autorizaron al titular del ejecutivo a “adoptar cuantas medidas sean necesarias a la conservación de la independencia”. Las facultades extra-constitucionales de Guerrero pronto le acarrearon severas críticas. Fue acusado de violentar las soberanías estatales y de limitar la libertad de expresión, al perseguir a periodistas opositores. El gobierno también trató de solucionar sus problemas financieros con medidas extraordinarias. Exigió un préstamo forzoso al cabildo catedralicio de México y otro a los comerciantes y propietarios del Distrito Federal. Zavala también impulsó algunas reformas que aumentaran los ingresos de la hacienda pública. Propuso una cuota especial para comercios en el Distrito Federal: los negocios pequeños pagarían un impuesto de cincuenta pesos y los grandes de quinientos. También promovió un impuesto de cinco por ciento a las rentas de cualquier tipo superiores a mil pesos anuales y uno de diez por ciento a las de más de diez mil pesos. La formación de un fondo para gastos de guerra ocasionó gran descontento, lo mismo que el establecimiento de comisarios federales en los estados, con el fin de verificar el correcto cobro de los nuevos impuestos. Las protestas no se hicieron esperar y pronto cayó el secretario de Hacienda.

Guerrero empezó a ser acusado de centralista, por pretender imponerse al poder de los estados. Jalisco proyectó una alianza con otros estados para defenderse en caso de que llegaran más tropas españolas, pero también amenazaba al gobierno federal. En noviembre, la guarnición de Campeche se pronunció a favor del centralismo. La rebelión se debió a la falta de pago a las tropas y a conflictos locales entre el general Felipe Codallos y el gobernador Tiburcio López; el primero contó con el apoyo de algunos sectores comerciales ofendidos con las leyes prohibitivas impulsadas por Guerrero. La prensa cada vez era más virulenta. Pese a que el presidente permitió el regreso de algunos exiliados, incluido Bravo, la oposición seguía presionando. Pese a lo que han dicho muchos historiadores, empezando por Zavala, no fueron los conservadores los que derrocarían a Guerrero, sino una amplia alianza de federalistas, comerciantes, yorquinos descontentos y militares regionales, entre otros. Anastasio Bustamante y Santa Anna aprovecharon esta situación. Insistieron en que la amenaza española hacía preciso formar un ejército en Xalapa. José Antonio Facio, Santa Anna, Juan Pablo Anaya y Lucas Alamán se unieron al vicepresidente en una conjura que estalló el 4 de diciembre. El Plan de Xalapa exigía el respeto a las soberanías locales y al pacto federal. Pedía el restablecimiento del orden constitucional.

La noticia tomó por sorpresa al presidente. En principio, decidió dirigir él mismo la campaña contra los insurrectos, por lo cual dejó a José María Bocanegra a cargo de la presidencia el 16 de diciembre, pero por alguna razón no se dirigió a Veracruz. En Puebla se desvió a Tierra Caliente, donde esperaba contar con el apoyo de sus antiguos subordinados. Guerrero se dio cuenta de que la rebelión en su contra había ganado un rápido apoyo entre los principales comandantes del país. El 22 de diciembre, en la ciudad de México, el general Luis Quintanar, con la complicidad de Esteva, se pronunció a favor de los rebeldes de Xalapa. Desconoció a Bocanegra, por considerar que ocupaba el cargo debido a los poderes ilegales de Guerrero. Pronto, el mismo Quintanar, junto con Pedro Vélez y Lucas Alamán, formaría parte del poder ejecutivo interino en espera de que el vicepresidente se hiciera cargo. El 4 de febrero de 1830, el Congreso declaró que Guerrero tenía “imposibilidad para gobernar la república”, única forma “legal” que encontró para no desconocer la elección del presidente, pues entonces también se afectaría la del vicepresidente.

Nuevamente, Gabriel Armijo fue enviado para combatir a los partidarios del antiguo caudillo insurgente, pero fue derrotado en Texca, donde murió. Las tropas federales se fueron imponiendo. El 1 de enero de 1831, Nicolás Bravo consiguió un sonado triunfo en Chilpancingo, que antecedería a la captura del ex presidente. Facio, secretario de Guerra del nuevo gobierno, negoció con un marino genovés, Francesco Picaluga, la prisión de Guerrero. Picaluga convidó a su víctima a una comida en el bergantín Colombo, en el que lo trasladó preso a Huatulco. El 25 de enero fue entregado en ese lugar al capitán Miguel González, quien lo escoltó a Oaxaca para que enfrentara la sumaria por conjura y rebelión. En el juicio sumario, el viejo caudillo aseguró que no se había rebelado, sino defendido del hostigamiento de las tropas federales. Lo acusaron de usurpar funciones, de emplear recursos federales para promover la rebelión e incluso de intentar vender Texas a Estados Unidos para sostener la insurrección, lo que conseguiría a través de Zavala. Guerrero fue fusilado el 14 de febrero de 1831, en Cuilapa, Oaxaca.

Un publicista adulador del régimen dio a conocer en México la noticia de la captura de Guerrero. Aseguraba que la paz regresaría al país, pues había sido capturado el “único origen de la revolución”. Por supuesto, los conservadores como Luis Gonzaga Cuevas, autor de Porvenir de México (1851) y Lucas Alamán en su Historia de Méjico 1852) afirmaron que Guerrero era un faccioso, entregado a los intereses de Estados Unidos. Incluso los liberales de la segunda mitad del siglo XIX consideraron que el caudillo suriano no había sido más que instrumento de otros políticos más brillantes. Con una visión más comprensiva, en 1939 William Sprague publicó la primera biografía académica, Vicente Guerrero: Mexican Liberator: A Study in Patriotism. Años más tarde, en 1976, Eugene Wilson Harrell elaboró la tesis de doctorado Vicente Guerrero and the Birth of Modern Mexico, en la que también mostraba simpatía por su biografiado. He decidido no incluir las referencias en notas a pie de página, para facilitar la lectura y hacer un relato más ameno, pero dejo constancia de mis deudas con estos estudios pioneros, y con el pequeño pero influyente trabajo de Ernesto Lemoine, “Vicente Guerrero y la consumación de la independencia” aparecido en la Revista de la Universidad de México en 1971. Una biografía más reciente, con la que tengo algunas discrepancias, es la de Theodore Vincent, de 2001, The Legacy of Vicente Guerrero, Mexico’s First Black Indian President, aunque reconozco el importante papel que tuvo su origen racial en la demanda de igualdad. Para María Eugenia Vázquez (La formación de una cultura política republicana: el debate público sobre la masonería, 2010) la filiación masónica de Guerrero explica buena parte de su trayectoria política. La importancia de las relaciones con las milicias y los ayuntamientos está bien documentada en la correspondencia de Vicente Guerrero que publicó el Boletín del Archivo General de la Nación en 1950.

Desde hace años me he interesado en la vida de Guerrero. El lector interesado en las referencias explícitas de los archivos y bibliotecas en donde he realizado investigaciones puede consultar mis obras Para la libertad. Los republicanos en tiempos del imperio (2004); “La oposición clandestina y el orden republicano: las conspiraciones iturbidistas de 1823-1824”, en el libro Transición y cultura política. De la Colonia la México Independiente (2004); el artículo “El Partido Popular en México”, en la revista Historia y política. Ideas procesos y movimientos sociales (2004), y “La presidencia de Vicente Guerrero”, en la obra Gobernantes mexicanos (2008).

Para leer el Juguetillo de Bustamante, hay que dar clic en la siguiente imagen:

Siempre he pensado que los políticos mexicanos van en contra de cualquier lógica al promover exenciones fiscales (para los más ricos y los más pobres), desaparecer impuestos (como la tenencia) y no generalizar el IVA, al tiempo de prometer más gasto social en programas contra la pobreza, construcción de infraestructura y otras cosas. Me parece ridículo. México es uno de los países de América Latina que menos recauda, pero que más gasta. Eso ocasiona numerosos problemas. Ahora bien, lo que están haciendo los europeos, encabezados por Alemania y Francia, no me parece ridículo sino trágico: no veo cómo la subida de impuestos y el recorte de gasto público crearán los millones de empleos que países como España necesitan. Más impuestos es menos inversión privada, más recortes es menos inversión pública. A la larga, la falta de crecimiento (o el crecimiento mediocre) traerá problemas para financiar a los Estados que están tomando medidas tan fuera de toda lógica.

Recuerdo que cuando en México se empezó a aplicar el horario de verano, mi abuela criticó al gobierno que se atrevía a cambiar las horas. Para ella, como para mucha gente, los sistemas de medición del tiempo son el tiempo mismo, son “naturales”, de ahí la ofensa ante la que parecía (y a muchos sigue pareciendo) una intromisión estatal en el curso del reloj.

Por supuesto, los años, sus inicios y sus finales, son también convencionales. Como todo historiador sabe, son muchos los sistemas calendáricos que se han ensayado y todos requieren “ajustes”, pues con el paso de los ciclos termina habiendo una diferencia entre el año convencional y la posición de la tierra en relación con el sol, como ha sucedido con el calendario latino en varias ocasiones. Julio César instituyó el bisiesto (un día adicional cada cuatro años) para prevenir la variación con el que ahora llamamos año astronómico. Bajo el pontificado de Gregorio XIII se introdujo un nuevo cambio: cada cien años desaparecería un bisiesto. Así, en 1582 ocurrió algo que de seguro le hubiera ocasionado un soponcio a mi añorada abuela: del 4 de octubre se pasó al 15, para corregir el desfase acumulado en los últimos siglos. Por supuesto, no en todas partes sucedió al mismo tiempo: los británicos mantuvieron el calendario juliano hasta 1752. Hoy sabemos que incluso el año gregoriano no es del todo “exacto” en mantener la relación con el año astronómico, que tiene 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos, más o menos, y todavía hay que considerar que —según dicen los físicos— las velocidades de rotación y de traslación de la tierra disminuyen constantemente, de modo que al final ningún ajuste servirá. Hasta el presuntuoso año astronómico es “inexacto” (en realidad debí escribir que también es convencional).

Ni los calendarios chinos, ni los mesoamericanos o los revolucionarios se salvan de los “desajustes”. Si pudiera elegir, me quedaría con el año revolucionario francés, tan decimal y lleno de vendimias, nieve, semillas y cosechas. Además, calendario y revolución van de la mano desde Copérnico, pero también porque las revoluciones humanas suponen un nuevo inicio. Hasta en nuestro tradicionalista México, al comenzar el siglo XIX se databan las fechas con un “Tal año de nuestra independencia, tal otro de nuestra libertad y este más de la federación” (la libertad hacía referencia al establecimiento de la república).

Los calendarios, como todas las convenciones, nos ayudan a regular una realidad que de suyo no tiene orden alguno, nos ayudan a tener certezas, a explicar las cosas y a poder actuar sobre el mundo. Como sucede con los calendarios, cada cierto tiempo debemos corregir nuestras convenciones para ajustarlas a eso que llamamos realidad. Los historiadores y científicos sociales actuamos de la misma manera. Proponemos hipótesis que pretenden explicar lo que pasa en las sociedades humanas. De vez en cuando debemos cambiarlas, porque la evidencia termina mostrando la insuficiencia de las que habíamos elaborado. Nunca falta un neutrino que parezca superar la velocidad de la luz. Cuando las certezas caen debemos inventar nuevas. De ahí el absurdo de quienes quieren encontrar en los guarismos de medición del tiempo pronósticos y señales, de quienes pregonaron que el 11 de noviembre de 2011 sucedería alguna catástrofe o maravilla sólo porque bajo cierta convención esa fecha se puede escribir 11.11.11. Recuerdo que hace años escuché en un programa de radio a un matemático muy serio que afirmaba que un capicúa como el 20 de febrero de 2002 (20022002) sólo se vio antes el 10 de enero de 1001 (10011001). Claro, se le escapó que los pocos seres humanos que entonces medían el tiempo con el calendario juliano nunca hubieran pensado en un capicúa, entre otras cosas porque no se acostumbraba reducir los meses a números y porque en todo caso hubiera sido algo así como I I MI. En el 2012 no sobrevendrá nada por ser 2012, salvo los días, semanas y meses que usaremos para datar nuestras actividades, ésas que estamos planeando desde ahora y, en especial, todas las que nunca previmos.

Esta clase de anuncios espectaculares de políticos prolifera por la ciudad, como anticipo de lo que veremos cuando oficialmente inicien las campañas electorales tanto para la presidencia de la república como para la jefatura de gobierno del Distrito Federal y los cargos legislativos. En algunos vemos una fotografía del senador Carlos Navarrete, con la leyenda “¡Vamos juntas!”, como muestra de sus afanes por la equidad de género y que, en realidad, parece discriminario, pues excluye a los varones y, en todo caso, puede conducir a las ridículas (y ridículos) propuestas (y propuestos) andaluzas (y andaluces) que hemos visto en los últimos meses. Por su parte, el diputado César Daniel González también ha contribuido a la belleza urbana de la ciudad de México al promover su informe de legislador con anuncios gigantes en los que aparece con un paliacate (azul, por supuesto) en un empeño por emparentar con don José María Morelos. Espero que la filiación con el prócer se reduzca a traer el trapo amarrado en la cabeza, porque me asustaría mucho que el actual diputado promoviera una república cristiana como hizo el caudillo del sur y ahora hace el caudillo del sureste.

Sin embargo, como hizo notar Adriana Degateau, quizá el más horripilante de todos los anuncios espectaculares de políticos es el del diputado Cuauhtémoc Gutiérrez y no sólo por las razones que ella aduce, sino por el falaz contenido de uno de los anuncios. Junto a la fotografía del legislador hay una leyenda enorme que dice: “YA NO MÁS CUOTAS ESCOLARES ¡Lo aprobé, ya es por ley!” ¡Como si el diputado Gutiérrez fuera encarnación de la soberanía! ¡Como si él solo pudiera aprobar y dictar leyes! Es una vergüenza que un representante en un órgano representativo no sepa que la aprobación de las leyes depende precisamente de todo el congreso y no de uno de sus integrantes. Él votó a favor de una ley, no la aprobó. La facultad de un único individuo de aprobar leyes está reservada a monarcas absolutos y tiranuelos.

Es verdad que no sólo los anuncios espectaculares de los políticos son horripilantes. ¿Quién no recuerda las estupideces de los carteles que promueven la Universidad Insurgentes, aquellos que sugieren que hablaríamos italiano si Julio César hubiera descubierto América? Al menos los anuncios de empresas como ésta son pagados por ellas mismas, mientras que los de los políticos (funcionarios y legisladores) son pagados por nosotros, los apesadumbrados contibuyentes.

En los carteles hay una indicación de una página web. En realidad, tiene poco contenido. Se trata de un movimiento ciudadano que denuncia corruptelas, ineficiencia y demás problemas del GDF, que plantea soluciones y que promueve a un ciudadano que dice no ser político. Entre otras cosas, sugiere la eliminación de la tenencia (las millonarias pérdidas del erario se subsanarían con la austeridad  de los funcionarios públicos), la construcción de miles de casas, el llevar agua a quien no la tiene y otras cosas muy necesarias, aunque no dice cómo las hará.

En la sección “Quiénes somos” no se indica la identidad del grupo, no sabemos ni quiénes son ni en dónde están. Al parecer, toda la organización es el ciudadano González Zirión, el mismo que se anuncia en los carteles espectaculares. En el mismo sitio web se dice que allí se usan palabras altisonantes y, en efecto, el término “pinche” aparece por todas partes. Incluso hay un concurso para que la gente envíe pinches fotografías en las que haya un pinche desperfecto, un pinche bache o alguna otra cosa que pinchea nuestra ciudad (aunque no vi ninguna fotografía de los pinches carteles espectaculares). El premio será un “viajezote [sic]” a París (espero que si alguien lee este blog corrija la ortografía de esa página web).

Cuando vi lo del concurso me pregunté por su financiamiento, pero como no se trata de un partido político no hay obligación de informar a los ciudadanos acerca del manejo de dinero, ni de dónde proviene ni cómo se usa. Esto me condujo a escribir esta entrada de mi blog, que tengo tan abandonado. Así como pregonar que queremos menos bla, bla, bla es en realidad puro bla, bla, bla, cuando criticamos a los que hacen política también estamos haciendo política, aunque digamos que somos sólo ciudadanos ejerciendo nuestros derechos. Como dije antes, no se puede ser político sin ser primero ciudadano. Por último, en estos momentos en los que los partidos políticos se hallan tan desprestigiados (por muy buenos motivos, por cierto) y que surgen tantas voces a favor de “opciones ciudadanas” (como candidaturas independientes y representantes espontáneos de la sociedad civil que se enfrentan a los representantes electos por los ciudadanos en los procesos institucionales), tal vez convenga pensar que no se trata sino de lo mismo: políticos que compiten por el poder, pero sin la obligación de rendir cuentas, de elaborar programas con principios y proyectos concretos, de cumplir con las formalidades establecidas para los partidos políticos.

Iturbide también ha tenido simpatizantes, sobre todo entre los que en el siglo XIX fueron llamados conservadores, aunque el más importante, Lucas Alamán, no fuera incondicional de su memoria. Una versión de la historia de México lo ha considerado auténtico padre de la patria, autor de la bandera y de la Independencia. Opuesta al relato liberal, en ocasiones, esta interpretación se ha puesto ropajes científicos como “desmitificadora” de la historia de bronce, aunque en realidad su objetivo haya sido, en muchos casos, construir nuevas efigies, hacer otros héroes. Quienes consideran que el actual gobierno federal es heredero de la tradición conservadora, se extrañarán de que no se hubiera aprovechado la oportunidad del bicentenario de la Independencia para integrar a Iturbide en el panteón patrio, aunque tal vez no sea desdeñable que, después de 187 años, su efigie aparezca de nuevo en monedas de curso legal, las conmemorativas de cinco pesos.

 La polémica también se ha presentado en el medio académico. En un estudio que no pretendía enaltecer la figura de Iturbide, William Spence Robinson expresó una hipótesis que le otorgaba el protagonismo de 1821. En contra, Nettie Lee Benson consideraba que un militar no podía ser autor de un proyecto que requería inteligencia política, opinión que sostiene Jaime E. Rodríguez. Más recientemente, aunque con diferencias de interpretación, Timothy Anna y Jaime del Arenal se han propuesto vindicar al primer jefe del Estado mexicano como promotor de la Independencia y de un orden constitucional.

 Iturbide fue acusado de ambicioso por haber casado con la hija del hombre más rico de Michoacán; su lealtad a Félix Calleja fue interpretada como servilismo, y sus tácticas contrainsurgentes sirvieron para acusarlo de abusivo. Sin embargo, su carrera como oficial de los ejércitos virreinales no fue tan diferente de la de otros criollos que transitaron con relativo éxito al orden independiente, como Anastasio Bustamante o Manuel Gómez Pedraza. Por supuesto, los enemigos del gobierno imperial, como Vicente Rocafuerte y Carlos María de Bustamante, se encargaron de mostrar los aspectos más crueles de su desempeño en contra de los insurgentes, crueldad de la que no estaban exentos ni otros realistas ni insurgentes que participaron en la guerra fratricida que estalló en 1810.

 No hay duda de que Iturbide fue el principal actor del proceso de independencia de 1821, pese a que se debate la autoría del Plan de Iguala. Para Lucas Alamán fue resultado de una conjura reaccionaria, aunque Ernesto Lemoine, con una base documental sólida, refutó esa tesis y propuso que había sido Guerrero quien lo elaboró. Benson y Rodríguez suponen que los autores de la propuesta emancipadora fueron liberales “autonomistas” de la ciudad de México. Con documentos desconocidos hasta hace poco, Jaime del Arenal asegura que fue Iturbide quien ideó y llevó a cabo las negociaciones necesarias para alcanzar la independencia. Debe de haber algo de cierto en todas estas versiones, pues el plan fue apoyado por destacados eclesiásticos, amenazados por las medidas radicales del trienio liberal; por antiguos insurgentes, quienes buscaban la independencia y estaban descontentos con la discriminación a los afrodescendientes; y por los liberales, que exigían igualdad en la representación política y el establecimiento de las diputaciones provinciales como señalaba la Constitución. La principal virtud de Iturbide en ese momento fue percatarse de la diversidad de grupos de interés en Nueva España, desde los “católicos pusilánimes” hasta los “liberales frenéticos”, y la capacidad para ofrecer un objetivo común, la independencia.

 El gobierno de Iturbide tampoco fue distinto de los que lo sucedieron, salvo por haber sido una monarquía. Los conflictos con el Poder Legislativo y la incapacidad para sanear la hacienda pública fueron una constante a lo largo de décadas. Cuando propuso crear tribunales militares ante la falta de un Poder Judicial y el incremento de la delincuencia, fue acusado de “despótico” por sus opositores, quienes instituyeron tribunales semejantes después de la caída del imperio. La crítica que se le hace por haber establecido una monarquía constitucional es anacrónica. En 1821 esta forma de gobierno era la más aceptable para los pensadores políticos, desde Constant hasta Hegel, pues reunía las virtudes atribuidas a las repúblicas (el respeto a los derechos ciudadanos) con las de las monarquías (un gobierno eficiente) sin los vicios de las dos: la anarquía republicana y el despotismo monárquico. La ejecución de Iturbide en 1824 no fue una venganza de la república contra el gobierno imperial, sino consecuencia de su activa participación en diversas conjuras descubiertas por las autoridades para traerlo de regreso a “ocupar el lugar que la patria quiera darle”.

 Personaje con claroscuros, Agustín de Iturbide no es ningún villano. En la coyuntura de 1821 hizo un excelente análisis de la diversidad de grupos de interés en el país y tuvo capacidad para ofrecer un objetivo común. Durante su gobierno perdió de vista dicha diversidad, en especial la regional, y fue incapaz de mantener la unidad. 
Tampoco es un héroe, pues los héroes son construcciones sociales, pero un balance de sus actividades no lo muestra con menos virtudes ni más crímenes que los considerados héroes. Lo que sí es posible afirmar es que sin el importante papel de Iturbide no se entiende el proceso de independencia.

Publicado en Nexos, septiembre de 2010.

Nunca olvido que tengo un blog, pero nunca me doy tiempo de escribir aquí. Recientemente, pensaba poner aquí un breve artículo que publiqué en Nexos sobre la memoria de Agustín de Iturbide, pero lo he dejado pasar. Prometo hacerlo en breve. Por ahora, me he dado cuenta de que una práctica que tengo – escribir a mis amigos – bien podría servir para esta descuidada página web que me inventé hace ya tanto tiempo. De hecho, lo que sigue formaba parte de un correo electrónico que estaba escribiendo a Iván Escamilla, con motivo de su próximo viaje a la Biblioteca Pública de Nueva York, lugar de trabajo, según leí hoy en El país, de Mario Vargas Llosa. Por supuesto, he hecho algunos cambios a lo que le escribía, pues tal vez tenga uno o dos lectores más, pero sigue siendo para él.

¡He disfrutado tanto que le dieran el Nobel a Mario Vargas Llosa! Principalmente, por supuesto, por razones literarias. Es un gran escritor. Como dije en otro lugar, algunos de los mejores momentos de mi vida los he pasado leyendo sus páginas. Pero debo reconocer que también me ha dado gusto que un comité como el del Nobel, con una tendencia a la izquierda política (aunque en México esto sea difícil ver, como diré más abajo) reconozca a un pensador liberal. La designación al día siguiente de Liu Xiaobo por el comité noruego confirma un compromiso con la libertad, que debe celebrarse. Así que, lleno de gusto, he visto algunos de los comentarios que dejan los lectores en las páginas web de los periódicos que leo, que felicitan al escritor aunque disientan de sus ideas políticas. Yo no sé si alguien dijo de García Márquez algo así como “Qué bueno que le dieron el Nobel, es un gran novelista, lástima que sea de izquierda”. Creo que no, y por ello deberían de parecerme extraños los comentarios que presentan a Vargas Llosa como un magnífico literato “aunque sea de derecha”.

Por cierto, no creo que sea “de derecha”, es un liberal, como ha admitido muchas veces. Vivimos en un mundo dominado por la retórica de las izquierdas, que acusan de “derechistas” a cualquier persona alejada de su posición política, sin importar si se trata de un liberal o de un conservador defensor de privilegios, a menos que sea un fanático religioso del Medio Oriente que se enfrenta a los fanáticos religiosos del imperio. En México y en América Latina (he leído recientemente un artículo sobre el tema en Brasil, con motivo de las elecciones presidenciales) es anatema ser “de derecha”. Recuerdo la declaración de Felipe Calderón, cuando asumió la presidencia hace ya cuatro años, de que “rebasaría a Andrés Manuel López Obrador por la izquierda”. ¿Los panistas no pueden asumirse como políticos de derecha o al menos como lo que son, conservadores? Este no es un problema nuevo. En México en 1822, los defensores de la monarquía constitucional – que eran muchos – respondieron a las publicaciones – muy pocas – que proponían un gobierno republicano, con el argumento de que el país “aún no estaba preparado para la república”. ¿No podían decir, simplemente, que desde su punto de vista las repúblicas eran desatrosas y que convenía más una monarquía moderada? Hegel estaba de acuerdo con ese aserto. Un par de años después, frente al clamor a favor del federalismo, mi admirado Servando Teresa de Mier repitió el mismo error: se oponía al establecimiento de un sistema federal “al menos por unos años”, pues el país no estaba preparado para ello. ¿No podía decir, como hizo Bolívar en su oportunidad, que el federalismo no era para los hispanoamericanos? Luego vino Porfirio Díaz, el demócrata que tardó treinta años en reconocer que México estaba libre para la democracia. Podría seguir sumando ejemplos.

Antes de que algún sandio piense (como me ha pasado ya en varias ocasiones) que si digo estas cosas es porque simpatizo con posiciones como las de los personajes que he mencionado, diré con claridad que si algún credo político tengo es el republicano, que soy partidario de las virtudes de una federación y que detesto el conservadurismo panista, en particular por su cercanía con posicionamientos religiosos. Una vez aclarado lo anterior, reitero mi punto: la retórica de las izquierdas se ha vuelto dominante y quienes creen, por decir algo, que  la industria eléctrica en México debería formar parte del sector privado nunca lo reconocerán, aunque sea una posición legítima.

Ahora bien, como dije, se trata de una retórica muy simple, que no encuentra diferencias con lo que hay más allá de las izquierdas. Hace algún tiempo, un estudiante mexicano expuso en clase que los promotores del neoliberalismo eran egresados de Harvard y eso explicaba su apego a las doctrinas económicas clásicas ¡Cómo si en efecto todo el personal político del país fuera egresado de esa institución y cómo si ésta se caracterizara por una defensa a ultranza del liberalismo económico! Sin embargo, en la mente de mi estudiante la ecuación era sencilla: Harvard=Estados Unidos=Imperialismo=Capitalismo=Liberalismo económico. Por lo mismo, algunas personas creen que los comités del Nobel dieron a Vargas Llosa y a Liu Xiaobo los reconocimientos anunciados hace unos días porque son “de derechas”. Soy profesor y tuve que explicar a mi alumno que Harvard no es Chicago (en donde, ciertamente, hay una tendencia más clara a favorecer el liberalismo económico), que el imperialismo no necesariamente es capitalista y que el capitalismo no siempre ha sido ni es liberal. Al parecer entendió, pero Iván Escamilla y yo ya estamos acostumbrados a que, después de algunos años, los jóvenes a los que dimos clase terminan con un proyecto de tesis sobre las utopías bolivarianas en Nuestra América, dirigidos por profesores (escuché a uno de ellos hace unos días haciendo esta declaración) que aseguran no necesitar investigación ni prubeas empíricas para “probar” lo que La Teoría Social ha probado ya (sin pruebas empíricas). Sueño con el día en que la lectura de Marta Harnecker y Eduardo Galeano la hagan sólo los colegas interesados en la historia intelectual latinoamericana.

Mientras tanto, sigo contento porque el Nobel lo recibió un escritor y pensador político al que tanto admiro. De manera inevitable pienso en aquel otro latinoamericano, que nunca recibió ese reconocimiento, por sus ideas políticas: Borges. Debieron habérselo dado, “aunque fuera de derechas”. No sé muy bien porque hemos llegado a considerar que un premio que un grupo de escandinavos otorga cada año a un escritor es El Premio por antonomasia. Confieso que nunca he leído (ni me interesa leer) a muchos de los premiados, empezando por Sully Prudhomme (espero que algún lector me diga si lo ha leído o lo conoce siquiera), y que no me parece que Wiston Churchill fuera un gran (ni un pequeño) literato. Al menos, todo este asunto me ha permitido volver a escribir aquí.

En México pocas disciplinas académicas tienen tanta competencia no profesional como la historia. Cronistas, novelistas y narradores, intelectuales y líderes de opinión, abogados, dirigentes políticos y aspirantes a serlo, profesores y sabios eruditos, la competencia proviene de muchas partes. Los medios masivos de comunicación han contribuido a que el público se acostumbre a los nombres de “historiadores” que no tienen la necesidad de una cédula profesional que los acredite y les permita ejercer como tales. Su éxito se debe, en buena medida, a que comparten con el resto de la sociedad una serie de supuestos sobre las características y objetivos de la historia. Hay acuerdo en que los historiadores deben descubrir la verdad. Algunos suponen que deben hacer relatos amenos para generar interés de la gente. Otros asumen que la función de un historiador, en especial del mexicano, es conservar la memoria de la nación y de las culturas que la integran. Habrá quien afirme que debe promover una pedagogía cívica y patriótica. Se le suele ver como Guardián de la Historia, si bien hay quien asegura que su deber es derribar mitos nacionalistas.

En realidad, la profesión de historiador poco tiene que ver con esos supuestos. En el medio académico se sabe que la objetividad es una quimera; que la mayor parte de los productos de investigación no son libros destinados al gran público sino contribuciones especializadas en forma de artículos y capítulos dirigidas a colegas con el objetivo de contribuir a la discusión y generación de conocimiento, y que en vez de conservar la memoria, ésta se suele historiar, con lo que se descubren las contingencias que le dieron origen y forma. Están lejos del interés del historiador profesional los héroes, los villanos y todas esas cosas que hacen las delicias del público, como no sea para analizar las razones por las cuales fueron concebidos como tales en el discurso historiográfico de generaciones pasadas.

Lo mismo que sucede con cualquier otra disciplina del área, la historia pretende dar explicaciones a fenómenos sociales, en concreto, a las transformaciones de diversa índole (políticas, económicas, culturales, etcétera) de los grupos humanos a través del tiempo. Para conseguir este objetivo ha desarrollado una serie de convenciones propias, entre las que desataca la investigación en los documentos y otra clase de testimonios generados por las sociedades en el pasado. Con una metodología peculiar, el objetivo de los historiadores es el mismo que el de cualquier otro científico: explicar una parte de la realidad, dar respuestas a preguntas sobre ella, ofrecer soluciones a problemas.

Las condiciones de trabajo

En México hay más de 40 licenciaturas en historia, pero no todos sus egresados se dedican a la investigación.¹ La salida profesional para la mayoría es la docencia y, en menor medida, la divulgación. Los investigadores se forman en los posgrados. La aparición en algunas universidades de programas de maestría de una sola generación hace difícil un recuento, pero en octubre 2004 El Colegio de Michoacán y el Comité Mexicano de Ciencias Históricas (CMCH) reunieron representantes de 20 programas de posgrado en historia del país. Tanto por el número de egresados como por el reconocimiento de los colegas, las instituciones de educación superior más importantes en la formación de historiadores son El Colegio de México y la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2008 estas dos instituciones otorgaron el doctorado en la disciplina a cerca de 30 estudiantes.² El número se duplica sumando a los doctores graduados por las demás universidades e instituciones de educación nacionales y a los que obtienen el posgrado fuera de México y regresan a trabajar en el país.

Pese al bajo número de doctorados, cada vez es más difícil para los nuevos historiadores ocupar plazas, en especial en la ciudad de México, lo que ha propiciado un incipiente proceso de descentralización benéfico para universidades y centros de investigación en diversos estados de la República, como Colima, Morelos, San Luis Potosí o Tamaulipas, amén de lugares en donde ya había una tradición sólida de formación de historiadores, pero que ha sido renovada, como Michoacán, Guanajuato, Puebla y Veracruz, por mencionar los casos más relevantes.

Por supuesto, las condiciones de trabajo son muy diferentes en cada institución. En muy pocas hay cubículos individuales para sus profesores e investigadores, no todas tienen buenas bibliotecas, con servicio de préstamo interbibliotecario y búsqueda de información especializada. Como los principales repositorios documentales del país se hallan en el Distrito Federal, los historiadores de otras ciudades deben conseguir recursos para poder viajar algunas veces al año a realizar sus investigaciones. Los fondos documentales digitalizados son una buena ayuda, pero son pocos y, para colmo, algunos de ellos no pueden ser consultados en línea. Numerosos archivos locales se encuentran en condiciones deplorables, sin edificios adecuados ni catálogos que faciliten su consulta. Por fortuna, cada vez hay más proyectos para rescatarlos, en los que participan profesores y estudiantes de la carrera de historia de diversas universidades.

Los recursos para realizar investigaciones son difíciles de obtener, en especial en instituciones integradas mayormente por profesores sin doctorado, condición que los deja fuera del Sistema Nacional de Investigadores, impide el ingreso de los cuerpos académicos al Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep) y los excluye de los apoyos del Conacyt a la investigación básica. La situación es mejor en las universidades de la ciudad de México, como la UNAM y la UAM, lo mismo que en los Centros Públicos de Investigación del Conacyt (como el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Instituto Mora, el Colegio de Michoacán y el de San Luis Potosí), algunos centros regionales y la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Estas instituciones, junto con el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México y el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, proporcionan a sus académicos diversos apoyos para realizar su trabajo, con un mínimo de carga docente para dedicar la mayor parte del tiempo a la investigación, y medios para dar a conocer el resultado de sus proyectos. En estas instituciones los historiadores de tiempo completo cuentan con recursos —aunque limitados— para realizar investigaciones o participar en reuniones académicas en otras ciudades del país y del extranjero. Algunos programas de financiamiento interno (como el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica de la UNAM), junto con los de Conacyt y otras instancias nacionales e internacionales, proporcionan recursos adicionales para los proyectos de investigación, en especial aquellos que son colectivos; pero el papeleo suele ser un factor que desalienta a los historiadores.

En principio, en instituciones dedicadas principalmente a la investigación, se espera que los historiadores realicen pesquisas en repositorios documentales de diversa índole para desarrollar sus proyectos. En promedio, éstos pueden durar tres o cuatro años, aunque hay algunos que por su alcance se llevan más tiempo. El resultado puede ser un libro de autor, arbitrado, pero cada vez hay más libros colectivos, coordinados por un responsable de proyecto que reúne a colegas y estudiantes de posgrado. Además de informar resultados parciales en congresos y reuniones académicas, los historiadores publican una o dos contribuciones especializadas (en forma de artículos o capítulos de libros dictaminados) al año. Se trata de una productividad que desde otras disciplinas puede parecer baja, pero que se explica por las largas jornadas de investigación documental.³

Si bien algunas universidades privadas han dado fuerte impulso a los programas de historia, la mayor parte de la investigación se hace en instituciones públicas, con salarios semejantes a los de cualquier otra carrera académica y con la posibilidad de obtener promociones y estímulos. Esto ha propiciado poca movilidad. No es común que un historiador pase de una institución a otra, pues eso puede representar una pérdida en ingresos, en especial si tomamos en cuenta que en algunos lugares el salario se incrementa por la antigüedad. Esto ha generado diversos grados de endogamia, con las consabidas consecuencias para el desarrollo de la investigación. En las universidades no es frecuente que los procesos de evaluación anuales, para promoción y para obtener estímulos, sean realizados por colegas de otras instituciones. Algo semejante sucede con las publicaciones. No es común que los historiadores de una institución busquen publicar bajo el sello editorial de otra, lo cual implicaría ser evaluado por dictaminadores externos.

Las plazas para contratar historiadores de tiempo completo suelen convocarse en concursos abiertos, aunque en la mayoría de los casos son los egresados de la propia institución quienes son contratados. Este fenómeno se presenta con mayor frecuencia en facultades y escuelas que en institutos y centros. Las instituciones más jóvenes o que no tienen estudios de historia, como el Instituto Mora o el CIDE, escapan a esta tendencia.

Según el último Directorio del CMCH, en 1997 había menos de mil historiadores en las instituciones que lo integran.⁴ Si bien hay algunas agrupaciones profesionales, como la Academia Mexicana de la Historia o la Asociación Mexicana de Historia Económica, no hay una asociación que reúna a todos los historiadores mexicanos en forma individual. H-México es, como indica su página web (h-mexico.unam.mx), un grupo virtual que reúne historiadores, profesionales de disciplinas afines, estudiantes universitarios y personas con un interés formal en la historia de México. A la fecha, tiene más de cinco mil suscriptores, que reciben correos electrónicos con las novedades editoriales, noticias, información de reuniones académicas, de concursos para ocupar plazas, entre otros. Dirigido por dos académicos de la UNAM y con muy poco apoyo e infraestructura, H-México es uno de los más importantes espacios (virtuales) de los historiadores mexicanos.

Los temas

Los historiadores registrados en el citado Directorio del CMCH, salvo contadas excepciones, se hallan dedicados a algún periodo (prehispánico, colonial, siglos XIX y XX) de la historia mexicana. Pese a que en las licenciaturas y posgrados de historia en el país se incluyen asignaturas de historia europea, de Estados Unidos, de América Latina y de otras partes del mundo, quienes las imparten rara vez son especialistas. En México casi nadie se dedica al estudio de la Antigüedad o del Medievo y quienes lo hacen no suelen ser reconocidos por los especialistas estadunidenses o europeos. Esta situación se debe, pero no exclusivamente, a las dificultades para realizar investigaciones en otros países. Resulta muy costoso para las instituciones financiar estancias para consultar archivos fuera de México. En principio, esto podría cambiar. Aunque escasos, hay programas para realizar estudios de posgrado y estancias de investigación fuera del país, pero quienes los solicitan casi siempre lo hacen para ir a lugares con repositorios ricos en documentos mexicanos o para estar cerca de alguno de los grandes historiadores mexicanistas extranjeros.

De lo anterior se desprende que la vinculación con historiadores de otros países sea casi de forma exclusiva con quienes se dedican al estudio de México y América Latina. Los historiadores mexicanos tienen poca participación en reuniones académicas como el International Congress of Historical Sciences o en coloquios sobre temas específicos (historia de movimientos obreros, historia urbana, historia intelectual, etcétera) cuando no se relacionan con Latinoamérica. En cambio, va en aumento el número de historiadores mexicanos que asisten al Congreso Internacional de Americanistas, al de la Latin American Studies Association e incluso al de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos. En ocasiones, se puede encontrar en esas reuniones mesas integradas exclusivamente con ponentes provenientes de la misma institución mexicana. Las reuniones de historiadores de México y Estados Unidos (a las que se ha agregado la participación de colegas canadienses) surgieron para reunir a los historiadores de esos países sin importar el área de estudio, pero se han convertido en reuniones de mexicanistas.

Lo anterior ha propiciado que, con algunas notables excepciones, los resultados de las investigaciones de los historiadores mexicanos rara vez se dirijan a colegas que estudian otras áreas geográficas. Por poner un ejemplo, los especialistas en la Revolución mexicana no suelen dialogar con los conocedores de procesos revolucionarios en otros países. Tal vez por eso son pocos los que publican en revistas especializadas que no sean mexicanistas o latinoamericanistas. Otro ejemplo: en México la historia intelectual ha vivido en años recientes una notable renovación, pero no hay autores mexicanos en el Journal of the History of Ideas o en Contributions to Conceptual History, en las que no es tan extraño encontrar colaboraciones de colegas latinoamericanos. Las revistas buscadas por los historiadores mexicanos suelen ser las del área, como The Hispanic American Historical Review o Mexican Studies, aunque se prefieren las nueve revistas de historia que están en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del Conacyt, que cuentan con arbitraje externo y reconocimiento internacional.⁵

Los historiadores mexicanos han conseguido un alto grado de especialización y cuentan con gran reconocimiento de los colegas latinoamericanistas de otros países. Diversas especialidades han sido renovadas en años recientes. En la década de 1970 la historia económica hizo enormes aportaciones, en especial en el periodo colonial; mientras que en la de 1980 los estudiosos sobre la Revolución de 1910 exploraron la historia regional con resultados extraordinarios. Antes de concluir el siglo XX la historia cultural construyó una nueva forma de ver todos los procesos del pasado mexicano. Los estudios acerca del periodo prehispánico alcanzan cada vez mayor grado de sofisticación, en buena medida gracias a las herramientas de la antropología y el análisis historiográfico. El siglo XIX, casi siempre visto como la sucesión de acontecimientos políticos sin orden, ha sido revisado. La historia de la historia y de los historiadores también ha dado aportes significativos, aunque quizás ha puesto demasiada atención a los productos y no a las formas de producción. Al comenzar el siglo XXI México cuenta con una planta de historiadores consolidada, con nuevas generaciones que en la década reciente se han sumado a los centros de investigación y que en unos cuantos años superarán en número a los historiadores registrados en el Directorio de 1997. Entre los más jóvenes el estudio de la historia de fuera de nuestras fronteras no es tan extraño. Estos historiadores cuentan con medios que hace 20 años no existían, cada vez hay más becas, más comunicación y posibilidades de dialogar con los historiadores de otros países, en un esfuerzo para contribuir, desde nuestro país, a la construcción del conocimiento historiográfico en el mundo.

Publicado en la revista Nexos, 378, junio de 2009.

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¹ Se incluyen licenciaturas en historia del arte, en etnohistoria y en humanidades y ciencias sociales que tienen terminación en historia: Catálogo de carreras de licenciatura en universidades e institutos tecnológicos, México, ANUIES, 2004.

²Agradezco los datos que me proporcionaron los respectivos coordinadores de los programas de doctorado en historia, Graciela Márquez, del Colmex, y Andrea Sánchez Quintanar, de la UNAM.

³ Tomo los datos de 2007 del Centro de Estudios Históricos del Colmex (http://www.colmex.mx/PDFs/Informe%20Academico%202007.pdf) y del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM (http://www.planeacion.unam.mx/Memoria/2007/PDF/21601res.pdf). En promedio, en esas instituciones cada historiador publicó 0.5 artículos, un capítulo de libro (en ambos casos, un poco más alto en el CEH que en el IIH) y 0.5 libros (un poco más alto en el IIH que en el CEH).

⁴ CMCH, Quinto directorio de historiadores, México, El Colegio de México, 1997.

⁵ Sólo unas cuantas, como Secuencia o Relaciones, están abiertas a artículos sobre cualquier tema de historia americana, mientras que las que cuentan con más tradición, como Historia mexicana, Estudios de Historia Novohispana o Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, desde el propio título restringen el área.

Este es el inicio de mi bitácora de investigación. El proyecto que estoy realizando es sobre grupos políticos radicales en la ciudad de México en la década de 1820. Se trata de un tema sobre el que otros autores ya han avanzado. En efecto, el Partido Popular no ha dejado de interesar a varios historiadores, en especial por el papel que la masonería yorquina jugó en su organización. Sin embargo, no estoy interesado en repetir lo que ya se ha dicho sobre individuos como Lorenzo de Zavala o Vicente Guerrero. En un ensayo anterior tuve la oportunidad de exponer mis principales ideas en torno al Partido Popular mexicano de la década de 1820 y mis estudiantes han dedicado tesis a esos temas, en especial porque desde que ocupé la Secretaría Académica del Instituto no he tenido mucho tiempo para continuar con mi trabajo. Esto último se debe no sólo y no tanto a las labores académico-administrativas que desempeño, sino a la próxima conmemoración bicentenaria de 2010.

Antes diré que el libro proyectado debe servirme de base para realizar una investigación en torno a las políticas radicales urbanas del decenio que empieza en 1825 en distintas ciudades americanas, desde Buenos Aires hasta Boston.

Además de los estudios clásicos de Michael Costeloe o Torcuato S. Di Tella, las aportaciones de Sonia Pérez Toledo y de Richard Warren son una sólida base para el trabajo que pretendemos desarrollar. Sin embargo, nuestro acercamiento comparte más preocupaciones con la obra de Rafael Rojas y la de Elías Palti. En buena medida, queremos establecer un diálogo con esos autores, en torno a la participación plebeya en la política y, sobre todo, en cuanto a las muchas opciones que dejó la caída de los fundamentos trascendentes del orden político, tras la emancipación. Esto nos conduce a abordar el tema desde la perspectiva del análisis de la cultura política, entendida a la manera de Keith Michael Baker en Inventing the French Revolution, como el conjunto de discursos y prácticas simbólicas mediante las cuales los individuos y los grupos articulan su relación con el poder, elaboran sus demandas políticas y las ponen en juego. No discutiremos aquí el carácter que para muchos es excesivamente lingüístico de esta definición, pues habrá oportunidad de discutirlo en otra ocasión. De momento, permítasenos una excusa para ese acercamiento: no cabe duda de que un medio de enorme eficacia empleado por los yorkinos (y en especial por los que integraban la “baja democracia”, según expresión de Zavala) fue el lenguaje nuevo, el lenguaje republicano. La invitación a la ciudadanía para participar de la cosa pública tuvo en ocasiones efectos inesperados para individuos que, apenas un par de décadas antes, no hubieran tenido muchas oportunidades de ocupar cargos públicos y, lo más importante, de intervenir en la toma de decisiones que afectaba a la sociedad.

Desde 1808, el principal problema que se planteó en términos de organización política fue el del fundamento del poder ¿por qué razón millones de personas debían obedecer a un grupo de individuos? ¿Qué le permite a alguien mandar? Servando Teresa de Mier se percató de este problema en 1820, cuando hizo notar que una década de guerra civil propició que cualquier gobierno pudiera ser cuestionado. Ni la costumbre, ni la violencia, ni el respeto a las leyes eran suficientes para convencer a una sociedad en armas de obedecer a otros. Las elecciones parecían dar una respuesta, pero las maneras de realizarlas (por corporaciones, excluyendo o incluyendo a sectores sociales, por provincias o por ciudadanos) también podían ser materia de controversia, por no hablar de las irregularidades tan comunes en esos ejercicios.

Así, la sociedad del México recién independiente era una de “aquellas donde las condiciones para la vida en común no están definidas apriori”, para emplear los términos de Pierre Rosanvallon para las sociedades democráticas. Esto permitió la apertura de oportunidades de participación política para un contingente mayor de personas que lo que permitía el orden cerrado del absolutismo. Cualquier individuo capaz de articular el nuevo lenguaje republicano, que apelaba a los derechos y a los deberes de los ciudadanos, podía forjarse una carrera política, pero lo más importante –al menos para nosotros– es que estas actividades contribuyeron a modificar la cultura política de sectores sociales, aunque de momento no nos atrevemos a precisar ese impacto. Ya habrá oportunidad de lanzar algunas hipótesis sobre esto.