Para leer el Juguetillo de Bustamante, hay que dar clic en la siguiente imagen:

Siempre he pensado que los políticos mexicanos van en contra de cualquier lógica al promover exenciones fiscales (para los más ricos y los más pobres), desaparecer impuestos (como la tenencia) y no generalizar el IVA, al tiempo de prometer más gasto social en programas contra la pobreza, construcción de infraestructura y otras cosas. Me parece ridículo. México es uno de los países de América Latina que menos recauda, pero que más gasta. Eso ocasiona numerosos problemas. Ahora bien, lo que están haciendo los europeos, encabezados por Alemania y Francia, no me parece ridículo sino trágico: no veo cómo la subida de impuestos y el recorte de gasto público crearán los millones de empleos que países como España necesitan. Más impuestos es menos inversión privada, más recortes es menos inversión pública. A la larga, la falta de crecimiento (o el crecimiento mediocre) traerá problemas para financiar a los Estados que están tomando medidas tan fuera de toda lógica.

Recuerdo que cuando en México se empezó a aplicar el horario de verano, mi abuela criticó al gobierno que se atrevía a cambiar las horas. Para ella, como para mucha gente, los sistemas de medición del tiempo son el tiempo mismo, son “naturales”, de ahí la ofensa ante la que parecía (y a muchos sigue pareciendo) una intromisión estatal en el curso del reloj.

Por supuesto, los años, sus inicios y sus finales, son también convencionales. Como todo historiador sabe, son muchos los sistemas calendáricos que se han ensayado y todos requieren “ajustes”, pues con el paso de los ciclos termina habiendo una diferencia entre el año convencional y la posición de la tierra en relación con el sol, como ha sucedido con el calendario latino en varias ocasiones. Julio César instituyó el bisiesto (un día adicional cada cuatro años) para prevenir la variación con el que ahora llamamos año astronómico. Bajo el pontificado de Gregorio XIII se introdujo un nuevo cambio: cada cien años desaparecería un bisiesto. Así, en 1582 ocurrió algo que de seguro le hubiera ocasionado un soponcio a mi añorada abuela: del 4 de octubre se pasó al 15, para corregir el desfase acumulado en los últimos siglos. Por supuesto, no en todas partes sucedió al mismo tiempo: los británicos mantuvieron el calendario juliano hasta 1752. Hoy sabemos que incluso el año gregoriano no es del todo “exacto” en mantener la relación con el año astronómico, que tiene 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos, más o menos, y todavía hay que considerar que —según dicen los físicos— las velocidades de rotación y de traslación de la tierra disminuyen constantemente, de modo que al final ningún ajuste servirá. Hasta el presuntuoso año astronómico es “inexacto” (en realidad debí escribir que también es convencional).

Ni los calendarios chinos, ni los mesoamericanos o los revolucionarios se salvan de los “desajustes”. Si pudiera elegir, me quedaría con el año revolucionario francés, tan decimal y lleno de vendimias, nieve, semillas y cosechas. Además, calendario y revolución van de la mano desde Copérnico, pero también porque las revoluciones humanas suponen un nuevo inicio. Hasta en nuestro tradicionalista México, al comenzar el siglo XIX se databan las fechas con un “Tal año de nuestra independencia, tal otro de nuestra libertad y este más de la federación” (la libertad hacía referencia al establecimiento de la república).

Los calendarios, como todas las convenciones, nos ayudan a regular una realidad que de suyo no tiene orden alguno, nos ayudan a tener certezas, a explicar las cosas y a poder actuar sobre el mundo. Como sucede con los calendarios, cada cierto tiempo debemos corregir nuestras convenciones para ajustarlas a eso que llamamos realidad. Los historiadores y científicos sociales actuamos de la misma manera. Proponemos hipótesis que pretenden explicar lo que pasa en las sociedades humanas. De vez en cuando debemos cambiarlas, porque la evidencia termina mostrando la insuficiencia de las que habíamos elaborado. Nunca falta un neutrino que parezca superar la velocidad de la luz. Cuando las certezas caen debemos inventar nuevas. De ahí el absurdo de quienes quieren encontrar en los guarismos de medición del tiempo pronósticos y señales, de quienes pregonaron que el 11 de noviembre de 2011 sucedería alguna catástrofe o maravilla sólo porque bajo cierta convención esa fecha se puede escribir 11.11.11. Recuerdo que hace años escuché en un programa de radio a un matemático muy serio que afirmaba que un capicúa como el 20 de febrero de 2002 (20022002) sólo se vio antes el 10 de enero de 1001 (10011001). Claro, se le escapó que los pocos seres humanos que entonces medían el tiempo con el calendario juliano nunca hubieran pensado en un capicúa, entre otras cosas porque no se acostumbraba reducir los meses a números y porque en todo caso hubiera sido algo así como I I MI. En el 2012 no sobrevendrá nada por ser 2012, salvo los días, semanas y meses que usaremos para datar nuestras actividades, ésas que estamos planeando desde ahora y, en especial, todas las que nunca previmos.

Esta clase de anuncios espectaculares de políticos prolifera por la ciudad, como anticipo de lo que veremos cuando oficialmente inicien las campañas electorales tanto para la presidencia de la república como para la jefatura de gobierno del Distrito Federal y los cargos legislativos. En algunos vemos una fotografía del senador Carlos Navarrete, con la leyenda “¡Vamos juntas!”, como muestra de sus afanes por la equidad de género y que, en realidad, parece discriminario, pues excluye a los varones y, en todo caso, puede conducir a las ridículas (y ridículos) propuestas (y propuestos) andaluzas (y andaluces) que hemos visto en los últimos meses. Por su parte, el diputado César Daniel González también ha contribuido a la belleza urbana de la ciudad de México al promover su informe de legislador con anuncios gigantes en los que aparece con un paliacate (azul, por supuesto) en un empeño por emparentar con don José María Morelos. Espero que la filiación con el prócer se reduzca a traer el trapo amarrado en la cabeza, porque me asustaría mucho que el actual diputado promoviera una república cristiana como hizo el caudillo del sur y ahora hace el caudillo del sureste.

Sin embargo, como hizo notar Adriana Degateau, quizá el más horripilante de todos los anuncios espectaculares de políticos es el del diputado Cuauhtémoc Gutiérrez y no sólo por las razones que ella aduce, sino por el falaz contenido de uno de los anuncios. Junto a la fotografía del legislador hay una leyenda enorme que dice: “YA NO MÁS CUOTAS ESCOLARES ¡Lo aprobé, ya es por ley!” ¡Como si el diputado Gutiérrez fuera encarnación de la soberanía! ¡Como si él solo pudiera aprobar y dictar leyes! Es una vergüenza que un representante en un órgano representativo no sepa que la aprobación de las leyes depende precisamente de todo el congreso y no de uno de sus integrantes. Él votó a favor de una ley, no la aprobó. La facultad de un único individuo de aprobar leyes está reservada a monarcas absolutos y tiranuelos.

Es verdad que no sólo los anuncios espectaculares de los políticos son horripilantes. ¿Quién no recuerda las estupideces de los carteles que promueven la Universidad Insurgentes, aquellos que sugieren que hablaríamos italiano si Julio César hubiera descubierto América? Al menos los anuncios de empresas como ésta son pagados por ellas mismas, mientras que los de los políticos (funcionarios y legisladores) son pagados por nosotros, los apesadumbrados contibuyentes.

En los carteles hay una indicación de una página web. En realidad, tiene poco contenido. Se trata de un movimiento ciudadano que denuncia corruptelas, ineficiencia y demás problemas del GDF, que plantea soluciones y que promueve a un ciudadano que dice no ser político. Entre otras cosas, sugiere la eliminación de la tenencia (las millonarias pérdidas del erario se subsanarían con la austeridad  de los funcionarios públicos), la construcción de miles de casas, el llevar agua a quien no la tiene y otras cosas muy necesarias, aunque no dice cómo las hará.

En la sección “Quiénes somos” no se indica la identidad del grupo, no sabemos ni quiénes son ni en dónde están. Al parecer, toda la organización es el ciudadano González Zirión, el mismo que se anuncia en los carteles espectaculares. En el mismo sitio web se dice que allí se usan palabras altisonantes y, en efecto, el término “pinche” aparece por todas partes. Incluso hay un concurso para que la gente envíe pinches fotografías en las que haya un pinche desperfecto, un pinche bache o alguna otra cosa que pinchea nuestra ciudad (aunque no vi ninguna fotografía de los pinches carteles espectaculares). El premio será un “viajezote [sic]” a París (espero que si alguien lee este blog corrija la ortografía de esa página web).

Cuando vi lo del concurso me pregunté por su financiamiento, pero como no se trata de un partido político no hay obligación de informar a los ciudadanos acerca del manejo de dinero, ni de dónde proviene ni cómo se usa. Esto me condujo a escribir esta entrada de mi blog, que tengo tan abandonado. Así como pregonar que queremos menos bla, bla, bla es en realidad puro bla, bla, bla, cuando criticamos a los que hacen política también estamos haciendo política, aunque digamos que somos sólo ciudadanos ejerciendo nuestros derechos. Como dije antes, no se puede ser político sin ser primero ciudadano. Por último, en estos momentos en los que los partidos políticos se hallan tan desprestigiados (por muy buenos motivos, por cierto) y que surgen tantas voces a favor de “opciones ciudadanas” (como candidaturas independientes y representantes espontáneos de la sociedad civil que se enfrentan a los representantes electos por los ciudadanos en los procesos institucionales), tal vez convenga pensar que no se trata sino de lo mismo: políticos que compiten por el poder, pero sin la obligación de rendir cuentas, de elaborar programas con principios y proyectos concretos, de cumplir con las formalidades establecidas para los partidos políticos.

Iturbide también ha tenido simpatizantes, sobre todo entre los que en el siglo XIX fueron llamados conservadores, aunque el más importante, Lucas Alamán, no fuera incondicional de su memoria. Una versión de la historia de México lo ha considerado auténtico padre de la patria, autor de la bandera y de la Independencia. Opuesta al relato liberal, en ocasiones, esta interpretación se ha puesto ropajes científicos como “desmitificadora” de la historia de bronce, aunque en realidad su objetivo haya sido, en muchos casos, construir nuevas efigies, hacer otros héroes. Quienes consideran que el actual gobierno federal es heredero de la tradición conservadora, se extrañarán de que no se hubiera aprovechado la oportunidad del bicentenario de la Independencia para integrar a Iturbide en el panteón patrio, aunque tal vez no sea desdeñable que, después de 187 años, su efigie aparezca de nuevo en monedas de curso legal, las conmemorativas de cinco pesos.

 La polémica también se ha presentado en el medio académico. En un estudio que no pretendía enaltecer la figura de Iturbide, William Spence Robinson expresó una hipótesis que le otorgaba el protagonismo de 1821. En contra, Nettie Lee Benson consideraba que un militar no podía ser autor de un proyecto que requería inteligencia política, opinión que sostiene Jaime E. Rodríguez. Más recientemente, aunque con diferencias de interpretación, Timothy Anna y Jaime del Arenal se han propuesto vindicar al primer jefe del Estado mexicano como promotor de la Independencia y de un orden constitucional.

 Iturbide fue acusado de ambicioso por haber casado con la hija del hombre más rico de Michoacán; su lealtad a Félix Calleja fue interpretada como servilismo, y sus tácticas contrainsurgentes sirvieron para acusarlo de abusivo. Sin embargo, su carrera como oficial de los ejércitos virreinales no fue tan diferente de la de otros criollos que transitaron con relativo éxito al orden independiente, como Anastasio Bustamante o Manuel Gómez Pedraza. Por supuesto, los enemigos del gobierno imperial, como Vicente Rocafuerte y Carlos María de Bustamante, se encargaron de mostrar los aspectos más crueles de su desempeño en contra de los insurgentes, crueldad de la que no estaban exentos ni otros realistas ni insurgentes que participaron en la guerra fratricida que estalló en 1810.

 No hay duda de que Iturbide fue el principal actor del proceso de independencia de 1821, pese a que se debate la autoría del Plan de Iguala. Para Lucas Alamán fue resultado de una conjura reaccionaria, aunque Ernesto Lemoine, con una base documental sólida, refutó esa tesis y propuso que había sido Guerrero quien lo elaboró. Benson y Rodríguez suponen que los autores de la propuesta emancipadora fueron liberales “autonomistas” de la ciudad de México. Con documentos desconocidos hasta hace poco, Jaime del Arenal asegura que fue Iturbide quien ideó y llevó a cabo las negociaciones necesarias para alcanzar la independencia. Debe de haber algo de cierto en todas estas versiones, pues el plan fue apoyado por destacados eclesiásticos, amenazados por las medidas radicales del trienio liberal; por antiguos insurgentes, quienes buscaban la independencia y estaban descontentos con la discriminación a los afrodescendientes; y por los liberales, que exigían igualdad en la representación política y el establecimiento de las diputaciones provinciales como señalaba la Constitución. La principal virtud de Iturbide en ese momento fue percatarse de la diversidad de grupos de interés en Nueva España, desde los “católicos pusilánimes” hasta los “liberales frenéticos”, y la capacidad para ofrecer un objetivo común, la independencia.

 El gobierno de Iturbide tampoco fue distinto de los que lo sucedieron, salvo por haber sido una monarquía. Los conflictos con el Poder Legislativo y la incapacidad para sanear la hacienda pública fueron una constante a lo largo de décadas. Cuando propuso crear tribunales militares ante la falta de un Poder Judicial y el incremento de la delincuencia, fue acusado de “despótico” por sus opositores, quienes instituyeron tribunales semejantes después de la caída del imperio. La crítica que se le hace por haber establecido una monarquía constitucional es anacrónica. En 1821 esta forma de gobierno era la más aceptable para los pensadores políticos, desde Constant hasta Hegel, pues reunía las virtudes atribuidas a las repúblicas (el respeto a los derechos ciudadanos) con las de las monarquías (un gobierno eficiente) sin los vicios de las dos: la anarquía republicana y el despotismo monárquico. La ejecución de Iturbide en 1824 no fue una venganza de la república contra el gobierno imperial, sino consecuencia de su activa participación en diversas conjuras descubiertas por las autoridades para traerlo de regreso a “ocupar el lugar que la patria quiera darle”.

 Personaje con claroscuros, Agustín de Iturbide no es ningún villano. En la coyuntura de 1821 hizo un excelente análisis de la diversidad de grupos de interés en el país y tuvo capacidad para ofrecer un objetivo común. Durante su gobierno perdió de vista dicha diversidad, en especial la regional, y fue incapaz de mantener la unidad. 
Tampoco es un héroe, pues los héroes son construcciones sociales, pero un balance de sus actividades no lo muestra con menos virtudes ni más crímenes que los considerados héroes. Lo que sí es posible afirmar es que sin el importante papel de Iturbide no se entiende el proceso de independencia.

Publicado en Nexos, septiembre de 2010.

Nunca olvido que tengo un blog, pero nunca me doy tiempo de escribir aquí. Recientemente, pensaba poner aquí un breve artículo que publiqué en Nexos sobre la memoria de Agustín de Iturbide, pero lo he dejado pasar. Prometo hacerlo en breve. Por ahora, me he dado cuenta de que una práctica que tengo – escribir a mis amigos – bien podría servir para esta descuidada página web que me inventé hace ya tanto tiempo. De hecho, lo que sigue formaba parte de un correo electrónico que estaba escribiendo a Iván Escamilla, con motivo de su próximo viaje a la Biblioteca Pública de Nueva York, lugar de trabajo, según leí hoy en El país, de Mario Vargas Llosa. Por supuesto, he hecho algunos cambios a lo que le escribía, pues tal vez tenga uno o dos lectores más, pero sigue siendo para él.

¡He disfrutado tanto que le dieran el Nobel a Mario Vargas Llosa! Principalmente, por supuesto, por razones literarias. Es un gran escritor. Como dije en otro lugar, algunos de los mejores momentos de mi vida los he pasado leyendo sus páginas. Pero debo reconocer que también me ha dado gusto que un comité como el del Nobel, con una tendencia a la izquierda política (aunque en México esto sea difícil ver, como diré más abajo) reconozca a un pensador liberal. La designación al día siguiente de Liu Xiaobo por el comité noruego confirma un compromiso con la libertad, que debe celebrarse. Así que, lleno de gusto, he visto algunos de los comentarios que dejan los lectores en las páginas web de los periódicos que leo, que felicitan al escritor aunque disientan de sus ideas políticas. Yo no sé si alguien dijo de García Márquez algo así como “Qué bueno que le dieron el Nobel, es un gran novelista, lástima que sea de izquierda”. Creo que no, y por ello deberían de parecerme extraños los comentarios que presentan a Vargas Llosa como un magnífico literato “aunque sea de derecha”.

Por cierto, no creo que sea “de derecha”, es un liberal, como ha admitido muchas veces. Vivimos en un mundo dominado por la retórica de las izquierdas, que acusan de “derechistas” a cualquier persona alejada de su posición política, sin importar si se trata de un liberal o de un conservador defensor de privilegios, a menos que sea un fanático religioso del Medio Oriente que se enfrenta a los fanáticos religiosos del imperio. En México y en América Latina (he leído recientemente un artículo sobre el tema en Brasil, con motivo de las elecciones presidenciales) es anatema ser “de derecha”. Recuerdo la declaración de Felipe Calderón, cuando asumió la presidencia hace ya cuatro años, de que “rebasaría a Andrés Manuel López Obrador por la izquierda”. ¿Los panistas no pueden asumirse como políticos de derecha o al menos como lo que son, conservadores? Este no es un problema nuevo. En México en 1822, los defensores de la monarquía constitucional – que eran muchos – respondieron a las publicaciones – muy pocas – que proponían un gobierno republicano, con el argumento de que el país “aún no estaba preparado para la república”. ¿No podían decir, simplemente, que desde su punto de vista las repúblicas eran desatrosas y que convenía más una monarquía moderada? Hegel estaba de acuerdo con ese aserto. Un par de años después, frente al clamor a favor del federalismo, mi admirado Servando Teresa de Mier repitió el mismo error: se oponía al establecimiento de un sistema federal “al menos por unos años”, pues el país no estaba preparado para ello. ¿No podía decir, como hizo Bolívar en su oportunidad, que el federalismo no era para los hispanoamericanos? Luego vino Porfirio Díaz, el demócrata que tardó treinta años en reconocer que México estaba libre para la democracia. Podría seguir sumando ejemplos.

Antes de que algún sandio piense (como me ha pasado ya en varias ocasiones) que si digo estas cosas es porque simpatizo con posiciones como las de los personajes que he mencionado, diré con claridad que si algún credo político tengo es el republicano, que soy partidario de las virtudes de una federación y que detesto el conservadurismo panista, en particular por su cercanía con posicionamientos religiosos. Una vez aclarado lo anterior, reitero mi punto: la retórica de las izquierdas se ha vuelto dominante y quienes creen, por decir algo, que  la industria eléctrica en México debería formar parte del sector privado nunca lo reconocerán, aunque sea una posición legítima.

Ahora bien, como dije, se trata de una retórica muy simple, que no encuentra diferencias con lo que hay más allá de las izquierdas. Hace algún tiempo, un estudiante mexicano expuso en clase que los promotores del neoliberalismo eran egresados de Harvard y eso explicaba su apego a las doctrinas económicas clásicas ¡Cómo si en efecto todo el personal político del país fuera egresado de esa institución y cómo si ésta se caracterizara por una defensa a ultranza del liberalismo económico! Sin embargo, en la mente de mi estudiante la ecuación era sencilla: Harvard=Estados Unidos=Imperialismo=Capitalismo=Liberalismo económico. Por lo mismo, algunas personas creen que los comités del Nobel dieron a Vargas Llosa y a Liu Xiaobo los reconocimientos anunciados hace unos días porque son “de derechas”. Soy profesor y tuve que explicar a mi alumno que Harvard no es Chicago (en donde, ciertamente, hay una tendencia más clara a favorecer el liberalismo económico), que el imperialismo no necesariamente es capitalista y que el capitalismo no siempre ha sido ni es liberal. Al parecer entendió, pero Iván Escamilla y yo ya estamos acostumbrados a que, después de algunos años, los jóvenes a los que dimos clase terminan con un proyecto de tesis sobre las utopías bolivarianas en Nuestra América, dirigidos por profesores (escuché a uno de ellos hace unos días haciendo esta declaración) que aseguran no necesitar investigación ni prubeas empíricas para “probar” lo que La Teoría Social ha probado ya (sin pruebas empíricas). Sueño con el día en que la lectura de Marta Harnecker y Eduardo Galeano la hagan sólo los colegas interesados en la historia intelectual latinoamericana.

Mientras tanto, sigo contento porque el Nobel lo recibió un escritor y pensador político al que tanto admiro. De manera inevitable pienso en aquel otro latinoamericano, que nunca recibió ese reconocimiento, por sus ideas políticas: Borges. Debieron habérselo dado, “aunque fuera de derechas”. No sé muy bien porque hemos llegado a considerar que un premio que un grupo de escandinavos otorga cada año a un escritor es El Premio por antonomasia. Confieso que nunca he leído (ni me interesa leer) a muchos de los premiados, empezando por Sully Prudhomme (espero que algún lector me diga si lo ha leído o lo conoce siquiera), y que no me parece que Wiston Churchill fuera un gran (ni un pequeño) literato. Al menos, todo este asunto me ha permitido volver a escribir aquí.

En México pocas disciplinas académicas tienen tanta competencia no profesional como la historia. Cronistas, novelistas y narradores, intelectuales y líderes de opinión, abogados, dirigentes políticos y aspirantes a serlo, profesores y sabios eruditos, la competencia proviene de muchas partes. Los medios masivos de comunicación han contribuido a que el público se acostumbre a los nombres de “historiadores” que no tienen la necesidad de una cédula profesional que los acredite y les permita ejercer como tales. Su éxito se debe, en buena medida, a que comparten con el resto de la sociedad una serie de supuestos sobre las características y objetivos de la historia. Hay acuerdo en que los historiadores deben descubrir la verdad. Algunos suponen que deben hacer relatos amenos para generar interés de la gente. Otros asumen que la función de un historiador, en especial del mexicano, es conservar la memoria de la nación y de las culturas que la integran. Habrá quien afirme que debe promover una pedagogía cívica y patriótica. Se le suele ver como Guardián de la Historia, si bien hay quien asegura que su deber es derribar mitos nacionalistas.

En realidad, la profesión de historiador poco tiene que ver con esos supuestos. En el medio académico se sabe que la objetividad es una quimera; que la mayor parte de los productos de investigación no son libros destinados al gran público sino contribuciones especializadas en forma de artículos y capítulos dirigidas a colegas con el objetivo de contribuir a la discusión y generación de conocimiento, y que en vez de conservar la memoria, ésta se suele historiar, con lo que se descubren las contingencias que le dieron origen y forma. Están lejos del interés del historiador profesional los héroes, los villanos y todas esas cosas que hacen las delicias del público, como no sea para analizar las razones por las cuales fueron concebidos como tales en el discurso historiográfico de generaciones pasadas.

Lo mismo que sucede con cualquier otra disciplina del área, la historia pretende dar explicaciones a fenómenos sociales, en concreto, a las transformaciones de diversa índole (políticas, económicas, culturales, etcétera) de los grupos humanos a través del tiempo. Para conseguir este objetivo ha desarrollado una serie de convenciones propias, entre las que desataca la investigación en los documentos y otra clase de testimonios generados por las sociedades en el pasado. Con una metodología peculiar, el objetivo de los historiadores es el mismo que el de cualquier otro científico: explicar una parte de la realidad, dar respuestas a preguntas sobre ella, ofrecer soluciones a problemas.

Las condiciones de trabajo

En México hay más de 40 licenciaturas en historia, pero no todos sus egresados se dedican a la investigación.¹ La salida profesional para la mayoría es la docencia y, en menor medida, la divulgación. Los investigadores se forman en los posgrados. La aparición en algunas universidades de programas de maestría de una sola generación hace difícil un recuento, pero en octubre 2004 El Colegio de Michoacán y el Comité Mexicano de Ciencias Históricas (CMCH) reunieron representantes de 20 programas de posgrado en historia del país. Tanto por el número de egresados como por el reconocimiento de los colegas, las instituciones de educación superior más importantes en la formación de historiadores son El Colegio de México y la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2008 estas dos instituciones otorgaron el doctorado en la disciplina a cerca de 30 estudiantes.² El número se duplica sumando a los doctores graduados por las demás universidades e instituciones de educación nacionales y a los que obtienen el posgrado fuera de México y regresan a trabajar en el país.

Pese al bajo número de doctorados, cada vez es más difícil para los nuevos historiadores ocupar plazas, en especial en la ciudad de México, lo que ha propiciado un incipiente proceso de descentralización benéfico para universidades y centros de investigación en diversos estados de la República, como Colima, Morelos, San Luis Potosí o Tamaulipas, amén de lugares en donde ya había una tradición sólida de formación de historiadores, pero que ha sido renovada, como Michoacán, Guanajuato, Puebla y Veracruz, por mencionar los casos más relevantes.

Por supuesto, las condiciones de trabajo son muy diferentes en cada institución. En muy pocas hay cubículos individuales para sus profesores e investigadores, no todas tienen buenas bibliotecas, con servicio de préstamo interbibliotecario y búsqueda de información especializada. Como los principales repositorios documentales del país se hallan en el Distrito Federal, los historiadores de otras ciudades deben conseguir recursos para poder viajar algunas veces al año a realizar sus investigaciones. Los fondos documentales digitalizados son una buena ayuda, pero son pocos y, para colmo, algunos de ellos no pueden ser consultados en línea. Numerosos archivos locales se encuentran en condiciones deplorables, sin edificios adecuados ni catálogos que faciliten su consulta. Por fortuna, cada vez hay más proyectos para rescatarlos, en los que participan profesores y estudiantes de la carrera de historia de diversas universidades.

Los recursos para realizar investigaciones son difíciles de obtener, en especial en instituciones integradas mayormente por profesores sin doctorado, condición que los deja fuera del Sistema Nacional de Investigadores, impide el ingreso de los cuerpos académicos al Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep) y los excluye de los apoyos del Conacyt a la investigación básica. La situación es mejor en las universidades de la ciudad de México, como la UNAM y la UAM, lo mismo que en los Centros Públicos de Investigación del Conacyt (como el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Instituto Mora, el Colegio de Michoacán y el de San Luis Potosí), algunos centros regionales y la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Estas instituciones, junto con el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México y el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, proporcionan a sus académicos diversos apoyos para realizar su trabajo, con un mínimo de carga docente para dedicar la mayor parte del tiempo a la investigación, y medios para dar a conocer el resultado de sus proyectos. En estas instituciones los historiadores de tiempo completo cuentan con recursos —aunque limitados— para realizar investigaciones o participar en reuniones académicas en otras ciudades del país y del extranjero. Algunos programas de financiamiento interno (como el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica de la UNAM), junto con los de Conacyt y otras instancias nacionales e internacionales, proporcionan recursos adicionales para los proyectos de investigación, en especial aquellos que son colectivos; pero el papeleo suele ser un factor que desalienta a los historiadores.

En principio, en instituciones dedicadas principalmente a la investigación, se espera que los historiadores realicen pesquisas en repositorios documentales de diversa índole para desarrollar sus proyectos. En promedio, éstos pueden durar tres o cuatro años, aunque hay algunos que por su alcance se llevan más tiempo. El resultado puede ser un libro de autor, arbitrado, pero cada vez hay más libros colectivos, coordinados por un responsable de proyecto que reúne a colegas y estudiantes de posgrado. Además de informar resultados parciales en congresos y reuniones académicas, los historiadores publican una o dos contribuciones especializadas (en forma de artículos o capítulos de libros dictaminados) al año. Se trata de una productividad que desde otras disciplinas puede parecer baja, pero que se explica por las largas jornadas de investigación documental.³

Si bien algunas universidades privadas han dado fuerte impulso a los programas de historia, la mayor parte de la investigación se hace en instituciones públicas, con salarios semejantes a los de cualquier otra carrera académica y con la posibilidad de obtener promociones y estímulos. Esto ha propiciado poca movilidad. No es común que un historiador pase de una institución a otra, pues eso puede representar una pérdida en ingresos, en especial si tomamos en cuenta que en algunos lugares el salario se incrementa por la antigüedad. Esto ha generado diversos grados de endogamia, con las consabidas consecuencias para el desarrollo de la investigación. En las universidades no es frecuente que los procesos de evaluación anuales, para promoción y para obtener estímulos, sean realizados por colegas de otras instituciones. Algo semejante sucede con las publicaciones. No es común que los historiadores de una institución busquen publicar bajo el sello editorial de otra, lo cual implicaría ser evaluado por dictaminadores externos.

Las plazas para contratar historiadores de tiempo completo suelen convocarse en concursos abiertos, aunque en la mayoría de los casos son los egresados de la propia institución quienes son contratados. Este fenómeno se presenta con mayor frecuencia en facultades y escuelas que en institutos y centros. Las instituciones más jóvenes o que no tienen estudios de historia, como el Instituto Mora o el CIDE, escapan a esta tendencia.

Según el último Directorio del CMCH, en 1997 había menos de mil historiadores en las instituciones que lo integran.⁴ Si bien hay algunas agrupaciones profesionales, como la Academia Mexicana de la Historia o la Asociación Mexicana de Historia Económica, no hay una asociación que reúna a todos los historiadores mexicanos en forma individual. H-México es, como indica su página web (h-mexico.unam.mx), un grupo virtual que reúne historiadores, profesionales de disciplinas afines, estudiantes universitarios y personas con un interés formal en la historia de México. A la fecha, tiene más de cinco mil suscriptores, que reciben correos electrónicos con las novedades editoriales, noticias, información de reuniones académicas, de concursos para ocupar plazas, entre otros. Dirigido por dos académicos de la UNAM y con muy poco apoyo e infraestructura, H-México es uno de los más importantes espacios (virtuales) de los historiadores mexicanos.

Los temas

Los historiadores registrados en el citado Directorio del CMCH, salvo contadas excepciones, se hallan dedicados a algún periodo (prehispánico, colonial, siglos XIX y XX) de la historia mexicana. Pese a que en las licenciaturas y posgrados de historia en el país se incluyen asignaturas de historia europea, de Estados Unidos, de América Latina y de otras partes del mundo, quienes las imparten rara vez son especialistas. En México casi nadie se dedica al estudio de la Antigüedad o del Medievo y quienes lo hacen no suelen ser reconocidos por los especialistas estadunidenses o europeos. Esta situación se debe, pero no exclusivamente, a las dificultades para realizar investigaciones en otros países. Resulta muy costoso para las instituciones financiar estancias para consultar archivos fuera de México. En principio, esto podría cambiar. Aunque escasos, hay programas para realizar estudios de posgrado y estancias de investigación fuera del país, pero quienes los solicitan casi siempre lo hacen para ir a lugares con repositorios ricos en documentos mexicanos o para estar cerca de alguno de los grandes historiadores mexicanistas extranjeros.

De lo anterior se desprende que la vinculación con historiadores de otros países sea casi de forma exclusiva con quienes se dedican al estudio de México y América Latina. Los historiadores mexicanos tienen poca participación en reuniones académicas como el International Congress of Historical Sciences o en coloquios sobre temas específicos (historia de movimientos obreros, historia urbana, historia intelectual, etcétera) cuando no se relacionan con Latinoamérica. En cambio, va en aumento el número de historiadores mexicanos que asisten al Congreso Internacional de Americanistas, al de la Latin American Studies Association e incluso al de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos. En ocasiones, se puede encontrar en esas reuniones mesas integradas exclusivamente con ponentes provenientes de la misma institución mexicana. Las reuniones de historiadores de México y Estados Unidos (a las que se ha agregado la participación de colegas canadienses) surgieron para reunir a los historiadores de esos países sin importar el área de estudio, pero se han convertido en reuniones de mexicanistas.

Lo anterior ha propiciado que, con algunas notables excepciones, los resultados de las investigaciones de los historiadores mexicanos rara vez se dirijan a colegas que estudian otras áreas geográficas. Por poner un ejemplo, los especialistas en la Revolución mexicana no suelen dialogar con los conocedores de procesos revolucionarios en otros países. Tal vez por eso son pocos los que publican en revistas especializadas que no sean mexicanistas o latinoamericanistas. Otro ejemplo: en México la historia intelectual ha vivido en años recientes una notable renovación, pero no hay autores mexicanos en el Journal of the History of Ideas o en Contributions to Conceptual History, en las que no es tan extraño encontrar colaboraciones de colegas latinoamericanos. Las revistas buscadas por los historiadores mexicanos suelen ser las del área, como The Hispanic American Historical Review o Mexican Studies, aunque se prefieren las nueve revistas de historia que están en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del Conacyt, que cuentan con arbitraje externo y reconocimiento internacional.⁵

Los historiadores mexicanos han conseguido un alto grado de especialización y cuentan con gran reconocimiento de los colegas latinoamericanistas de otros países. Diversas especialidades han sido renovadas en años recientes. En la década de 1970 la historia económica hizo enormes aportaciones, en especial en el periodo colonial; mientras que en la de 1980 los estudiosos sobre la Revolución de 1910 exploraron la historia regional con resultados extraordinarios. Antes de concluir el siglo XX la historia cultural construyó una nueva forma de ver todos los procesos del pasado mexicano. Los estudios acerca del periodo prehispánico alcanzan cada vez mayor grado de sofisticación, en buena medida gracias a las herramientas de la antropología y el análisis historiográfico. El siglo XIX, casi siempre visto como la sucesión de acontecimientos políticos sin orden, ha sido revisado. La historia de la historia y de los historiadores también ha dado aportes significativos, aunque quizás ha puesto demasiada atención a los productos y no a las formas de producción. Al comenzar el siglo XXI México cuenta con una planta de historiadores consolidada, con nuevas generaciones que en la década reciente se han sumado a los centros de investigación y que en unos cuantos años superarán en número a los historiadores registrados en el Directorio de 1997. Entre los más jóvenes el estudio de la historia de fuera de nuestras fronteras no es tan extraño. Estos historiadores cuentan con medios que hace 20 años no existían, cada vez hay más becas, más comunicación y posibilidades de dialogar con los historiadores de otros países, en un esfuerzo para contribuir, desde nuestro país, a la construcción del conocimiento historiográfico en el mundo.

Publicado en la revista Nexos, 378, junio de 2009.

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¹ Se incluyen licenciaturas en historia del arte, en etnohistoria y en humanidades y ciencias sociales que tienen terminación en historia: Catálogo de carreras de licenciatura en universidades e institutos tecnológicos, México, ANUIES, 2004.

²Agradezco los datos que me proporcionaron los respectivos coordinadores de los programas de doctorado en historia, Graciela Márquez, del Colmex, y Andrea Sánchez Quintanar, de la UNAM.

³ Tomo los datos de 2007 del Centro de Estudios Históricos del Colmex (http://www.colmex.mx/PDFs/Informe%20Academico%202007.pdf) y del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM (http://www.planeacion.unam.mx/Memoria/2007/PDF/21601res.pdf). En promedio, en esas instituciones cada historiador publicó 0.5 artículos, un capítulo de libro (en ambos casos, un poco más alto en el CEH que en el IIH) y 0.5 libros (un poco más alto en el IIH que en el CEH).

⁴ CMCH, Quinto directorio de historiadores, México, El Colegio de México, 1997.

⁵ Sólo unas cuantas, como Secuencia o Relaciones, están abiertas a artículos sobre cualquier tema de historia americana, mientras que las que cuentan con más tradición, como Historia mexicana, Estudios de Historia Novohispana o Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, desde el propio título restringen el área.

Este es el inicio de mi bitácora de investigación. El proyecto que estoy realizando es sobre grupos políticos radicales en la ciudad de México en la década de 1820. Se trata de un tema sobre el que otros autores ya han avanzado. En efecto, el Partido Popular no ha dejado de interesar a varios historiadores, en especial por el papel que la masonería yorquina jugó en su organización. Sin embargo, no estoy interesado en repetir lo que ya se ha dicho sobre individuos como Lorenzo de Zavala o Vicente Guerrero. En un ensayo anterior tuve la oportunidad de exponer mis principales ideas en torno al Partido Popular mexicano de la década de 1820 y mis estudiantes han dedicado tesis a esos temas, en especial porque desde que ocupé la Secretaría Académica del Instituto no he tenido mucho tiempo para continuar con mi trabajo. Esto último se debe no sólo y no tanto a las labores académico-administrativas que desempeño, sino a la próxima conmemoración bicentenaria de 2010.

Antes diré que el libro proyectado debe servirme de base para realizar una investigación en torno a las políticas radicales urbanas del decenio que empieza en 1825 en distintas ciudades americanas, desde Buenos Aires hasta Boston.

Además de los estudios clásicos de Michael Costeloe o Torcuato S. Di Tella, las aportaciones de Sonia Pérez Toledo y de Richard Warren son una sólida base para el trabajo que pretendemos desarrollar. Sin embargo, nuestro acercamiento comparte más preocupaciones con la obra de Rafael Rojas y la de Elías Palti. En buena medida, queremos establecer un diálogo con esos autores, en torno a la participación plebeya en la política y, sobre todo, en cuanto a las muchas opciones que dejó la caída de los fundamentos trascendentes del orden político, tras la emancipación. Esto nos conduce a abordar el tema desde la perspectiva del análisis de la cultura política, entendida a la manera de Keith Michael Baker en Inventing the French Revolution, como el conjunto de discursos y prácticas simbólicas mediante las cuales los individuos y los grupos articulan su relación con el poder, elaboran sus demandas políticas y las ponen en juego. No discutiremos aquí el carácter que para muchos es excesivamente lingüístico de esta definición, pues habrá oportunidad de discutirlo en otra ocasión. De momento, permítasenos una excusa para ese acercamiento: no cabe duda de que un medio de enorme eficacia empleado por los yorkinos (y en especial por los que integraban la “baja democracia”, según expresión de Zavala) fue el lenguaje nuevo, el lenguaje republicano. La invitación a la ciudadanía para participar de la cosa pública tuvo en ocasiones efectos inesperados para individuos que, apenas un par de décadas antes, no hubieran tenido muchas oportunidades de ocupar cargos públicos y, lo más importante, de intervenir en la toma de decisiones que afectaba a la sociedad.

Desde 1808, el principal problema que se planteó en términos de organización política fue el del fundamento del poder ¿por qué razón millones de personas debían obedecer a un grupo de individuos? ¿Qué le permite a alguien mandar? Servando Teresa de Mier se percató de este problema en 1820, cuando hizo notar que una década de guerra civil propició que cualquier gobierno pudiera ser cuestionado. Ni la costumbre, ni la violencia, ni el respeto a las leyes eran suficientes para convencer a una sociedad en armas de obedecer a otros. Las elecciones parecían dar una respuesta, pero las maneras de realizarlas (por corporaciones, excluyendo o incluyendo a sectores sociales, por provincias o por ciudadanos) también podían ser materia de controversia, por no hablar de las irregularidades tan comunes en esos ejercicios.

Así, la sociedad del México recién independiente era una de “aquellas donde las condiciones para la vida en común no están definidas apriori”, para emplear los términos de Pierre Rosanvallon para las sociedades democráticas. Esto permitió la apertura de oportunidades de participación política para un contingente mayor de personas que lo que permitía el orden cerrado del absolutismo. Cualquier individuo capaz de articular el nuevo lenguaje republicano, que apelaba a los derechos y a los deberes de los ciudadanos, podía forjarse una carrera política, pero lo más importante –al menos para nosotros– es que estas actividades contribuyeron a modificar la cultura política de sectores sociales, aunque de momento no nos atrevemos a precisar ese impacto. Ya habrá oportunidad de lanzar algunas hipótesis sobre esto.